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El Ayuntamiento de Burgos reparará los daños ocasionados en el aparcamiento de la Plaza de Santiago por las obras de remodelación acometidas hace una década. La portavoz municipal, Carolina Blasco, ha confirmado esta mañana que no recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ... de Castilla y León, que desestima el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto meses atrás.
La sentencia, de la que ha informado Diario de Burgos en su edición de hoy, reitera lo recogido por la sentencia de diciembre, en la que se reconoce una mala ejecución de la obra de remodelación por parte de la empresa adjudicataria. También que el Ayuntamiento actuó correctamente al resolver el contrato. Sin embargo, el Consistorio tiene que asumir una responsabilidad patrimonial y, por tanto, acometer las obras de reparación de los desperfectos para acabar con el problema de goteras y filtraciones, aunque luego repercuta el coste en la empresa.
Y no se ha hecho así. De este modo, el magistrado desestima el recurso interpuesto y exige, de nuevo, al Ayuntamiento que asuma la reparación. Blasco ha confirmado que, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no van a hacer uso del mismo pues «no tiene sentido pleitear». El recurso de casación es una medida excepcional, ha insistido la portavoz, quien afirma que el Ayuntamiento ha intentado defender, en todo momento, el interés general, y que fuese la empresa la que se hiciese cargo de los arreglos, pues se deben a una deficiente ejecución de su obra.
Así, el Consistorio tratará de licitar cuanto antes la redacción del proyecto de reparación de los desperfectos, para lo que se ha reservado una partida de 60.000 euros. Blasco ha recordado que, a través de las modificaciones de crédito, se cuenta con 1,1 millones de euros para ejecutar las obras. Sin embargo, no se podrán realizar este 2018, pues no hay plazo suficiente para cumplir con toda la tramitación administrativa.
Mientras, el Constencios-Administrativo sí que ha estimado, parcialmente, el recurso presentado por la adjudicataria. Ahora se reconoce un derecho de cobro de 200.000 euros por daños y perjuicios derivados de la rescisión unilateral del contrato. La cantidad coincide con lo tasado por la aseguradora pero el Ayuntamiento realizará su propia valoración antes de tomar cualquier tipo de decisión.
Tras conocerse la sentencia, la portavoz de Ciudadanos ha criticado la «nefasta gestión» que de este asunto ha realizado el Equipo de Gobierno. Pese al acuerdo de Pleno que exigía la retirada del recurso, el Ayuntamiento siguió adelante, «alargando una vez más la solución al problema».
Bañeres ha asegurado que «la sentencia de apelación ha empeorado las consecuencias para el Ayuntamiento respecto de la sentencia de instancia y todo ello es responsabilidad única y exclusiva del Alcalde».
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