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La Audiencia Provincial de Burgos ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular contra el alcalde, Daniel de la Rosa, y los concejales Nuria Barrio y Leví Moreno en relación con la polémica contratación de las escuelas deportivas municipales del año 2019. Así lo ... ha anunciado este jueves la propia Barrio, en la comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, tras enterarse por los medios de comunicación, ha apuntado la socialista.
Barrio ha explicado que la Audiencia Provincial, que ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción de no incoar procedimiento, no ve ilícito penal en la actuación del equipo de Gobierno ni indicios de la comisión de un delito de prevaricación, como se les había acusado. Es más, en la resolución reconoce que en la denuncia del PP «no se acreditan hechos delictivos» y que se fundamentan en «meras conjeturas indeterminadas», lo que lleva a la socialista a calificar de «bofetón jurídico» el archivo.
Un bofetón que debería llevar aparejada la dimisión de algún miembro del Partido Popular. «Hoy mismo tendrían que dimitir si algún concejal del PP tuviera un poco de vergüenza», ha aseverado, además de pedir perdón al alcalde, a Leví Moreno (concejal de Deportes) y a la propia Nuria Barrio. Y es que la portavoz municipal recuerda que, al ir por la vía penal, se ha intentando hacer daño a los corporativos.
«El PP quería hacer daño a la imagen de los tres concejales, poner en duda su nombre y profesionalidad«, ha insistido. Barrio recuerda que, ante la suposición de que se hubiera cometido una irregularidad en la contratación de las escuelas depotivas, el PP tendría que haber acudido al contencioso-administrativo. En lugar de ello, plantó una denuncia por prevariación «para hacer daño».
Denuncia no que fue contra toda la Junta de Gobierno Local, sino contra tres personas en concreto, «para señalarlas con nombres y apellidos». Además, Barrio ha recordado que el propio equipo de Gobierno inició una revisión de oficio de la contratación, enviando el asunto al Consejo Consultivo, que acabó anulando la adjudicación de cuatro escuelas deportivas al considerar que procedimiento negociado sin publicidad usado no se ajustaba a derecho.|
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