Adjudican por 215.368 euros la ampliación del Instituto de Medicina Legal de Burgos

La Subsecretaría de Justicia tomó ayer acuerdo de adjudicar a la UTE la obra por 215.368 euros (IVA incluido), al ser la oferta más ventajosa de la dos que respondieron al concurso. La adjudicataria presentó una baja económica del 11%, frente al 2,75% de Proviser Ibérica, que ofrecía acometer los trabajos por 235.334 euros. Ambas se han llevado la máxima puntuación en mejoras, al ampliar en tres meses el plazo de garantía.

Ahora, Justicia deberá completar la tramitación administrativa para que la empresa pueda comenzar las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, y llevan años de retraso. Se trata de un proyecto muy esperado, que se ha hecho cada vez más necesario al incorporarse los equipos psicosociales de familia y aumentar el número de forenses, de modo que las actuales instalaciones «están desbordadas».

El Instituto de Medicina Legal ocupa ahora 332 metros cuadrados del Hospital Divino Vallés, que albergan una plantilla compuesta por diez médicos, tres administrativos y dos auxiliares de autopsia, a los que se suman los psicólogos y trabajadores sociales de los equipos de violencia de género y familia. Se va a utilizar la antigua área de Medicina Nuclear para acometer la ampliación.

De este modo, y gracias a la cesión de uso realizada por la Diputación de Burgos, propietaria del inmueble, Justicia dispondrá de 596 metros cuadrados extra. Sin embargo, no todos se van a utilizar en esta ampliación. El proyecto afecta a 318 metros cuadrados, que se anexionarán a Medicina Legal creando cuatro despachos médicos, dos psicosociales con asistencia a víctimas y otros dos para atención a menores, una sala de exploración, otra de espera para padres, una de interacción, aseos y la correspondiente conexión.

El resto del espacio cedido se reservará para futuras ampliaciones, si son necesarias, pues el Instituto de Medicina Legal presta servicio a Burgos, Segovia, Soria y Ávila. Ademá, se está haciendo una apuesta importante por la atención a las menores y las víctimas de la violencia de género, lo que está obligando a ampliar espacios, creando zonas diferencidas con accesos individualizados.