Abogados y procuradores se concentrarán para decir basta a la situación judicial

Así lo ha anunciado este miércoles 21 de junio en Burgos el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), Julio Sanz Orejudo. En Burgos se reunieron sus principales representantes para leer un manifiesto, que cuenta con el apoyo del Consejo Regional de Procuradores de Castilla y León, y que recoge el descontento de los profesionales de la Comunidad, al tiempo que lamentó que la huelga de funcionarios haya provocado «graves consecuencias» tanto a los abogados como a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, Julio Sanz Orejudo ha hecho un llamamiento a «la responsabilidad» del poder judicial y de los jueces y fiscales «ante su silencio» y les ha pedido que «se sienten en la mesa y reactiven el servicio público». «La justicia continúa siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país», ha reconocido.

«La situación que vivimos desde principios de año, consecuencia de la sucesión de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la de los funcionarios, nos obliga a actuar y exigir su fin de inmediato, por el bien de los ciudadanos y también de los profesionales que trabajamos cada día por defender sus intereses», ha señalado el presidente del Cacyl, quien ha hecho un llamamiento a «la responsabilidad de las dos partes implicadas en la solución del conflicto: funcionarios y Ministerio de Justicia».

Desde el Consejo de la Abogacía de Castilla y León muestran su respeto a las reclamaciones de mejoras laborales y salariales, pero advierten de que «siempre debe prevalecer el interés general y el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, ante la situación de bloqueo y paralización del funcionamiento de los órganos judiciales».

La principal exigencia del colectivo es que las partes lleguen «inmediatamente» a un acuerdo y reclaman un preaviso de 24 horas de las suspensiones para evitar problemas tanto a los abogados como a la ciudadanía. El Cacyl ha trasladado estas peticiones al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Santiago Mena, durante la reunión que han mantenido a lo largo de la mañana para tratar temas como la necesidad de la presencia de los fiscales en los partidos judiciales o el acceso al expediente en la fiscalía de menores, entre otros.

El manifiesto del Cacyl recoge la petición de un preaviso mínimo de 24 horas de las suspensiones para evitar inconvenientes innecesarios, gastos y desplazamientos a las sedes judiciales. «Los ciudadanos son los más afectados, pero también los abogados, que en los últimos meses han sufrido pérdidas críticas en sus ingresos y en los del personal de sus despachos», ha explicado Julio Sanz.

Por otra parte, el reconocimiento de la profesión y la mejora de las condiciones de prestación de la justicia gratuita, con una retribución digna, que reconozca y compense todas las actuaciones e intervenciones derivadas del turno de oficio, son otras de las exigencias de la abogacía de Castilla y León. «Nuestro colectivo siempre ha demostrado la máxima lealtad y colaboración en la mejora de este servicio público y realizamos cada día una labor social esencial», ha concluido el presidente del Cacyl. concluido el presidente del Cacyl.