Los abogados de familia reivindican una jurisdicción específica

En este sentido, María Dolores Lozano, presidenta del colectivo, que agrupa a unos 2.000 socios de todo el territorio nacional, ha insistido en que «la sociedad demanda especialistas en todos los ámbitos. Cuando uno tiene un problema de corazón va al cardiólogo, y no al podólogo». Manteniendo ese mismo razonamiento, lo lógico es que los asuntos vinculados al derecho de familia, que generalmente son temas muy sensibles, sean tramitados por especialistas en la materia. Y actualmente, no existe una obligación para ello.

«A veces no existe una conciencia. La familia siempre es el último eslabón· y, por lo tanto, mientras «hay dinero para otras cosas», no lo hay para atender cuestiones relacionadas con las separaciones, los divorcios o la custodia de los hijos. «Todo esto lleva una serie de condicionantes, como falta de equipos psicosociales, equipos de mediación o de otras figuras que pueden ayudar al juez» a tomar las decisiones. Por no haber, no hay ni «mecanismos de control» que permitan a los tribunales hacer un seguimiento de los acuerdos de custodia aprobados. Y en este escenario, es muy difícil atender a las necesidades de la sociedad, según Lozano, quien recuerda que alrededor de 500.000 niños se ven afectados cada año por trámites de separación o divorcio de sus progenitores.

El problema, abunda, es que «el legislador no es consciente o no quiere ser consciente» de la problemática. Y para muestra un botón. El propio Ministerio de Justicia está intentando implantar la «mediación como método alternativo de resolución de conflictos», pero no dota económicamente ese sistema, y así no se puede desarrollar mediación efectiva. «Es como empezar la casa por el tejado», subraya.

Además, los abogados especializados consideran necesario abordar una profunda reforma del Código Civil, que pasa por la equiparación de la regulación en el ámbito nacional, que no es fácil. Según explica Javier Pérez Martín, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 7 (Familia) de Córdoba, actualmente no existe un criterio único en torno a la custodia de los hijos. A saber, el artículo 92 del Código Civil establece «con carácter excepcional la custodia compartida», mientras que Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra cuentan con una legislación específica que «favorece la custodia compartida» en detrimento de la individual, esto es, que plantea criterios «más avanzados».

Para liar aún más la madeja, el Tribunal Supremo determinó, mediante sentencia de 7 de julio de 2011, que la custodia compartida «no puede ser excepcional, sino que debe ser el modelo deseable», y a raíz de ese criterio, todos los tribunales del país deben primar la custodia compartida. En definitiva, una heterogeneidad de planteamientos que no ayudan a establecer una forma de actuar. «En los últimos años ha habido diferentes proyectos legislativos que abordaban esta cuestión para, al menos, equiparar la custodia compartida», pero «debe llegar el momento en el que sea oportuno plantear esa ley, y ese momento no llega», concluye Pérez Martín.