El irrenunciable reto energético que se avecina

El mundo afronta un reto ineludible para asegurar el despliegue de un sistema energético global más fiable, sostenible y justo. Hoy nos encontramos ante un cambio de paradigma mundial que plantea el escenario idóneo para posicionar a España como uno de los mercados punteros en la generación y exportación de energía renovable.

A medida que el planeta evoluciona hacia modelos de consumo de electricidad masivos que exigen mayor flexibilidad y resiliencia del sistema, se hace más evidente la necesidad de apostar por la mejora de las infraestructuras energéticas y el desarrollo de sistemas de almacenamiento. Este desafío, que llama a las puertas de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto, avanza con paso firme, pero ha de realizarse coordinadamente para ejecutarse con éxito.

Resulta incuestionable que la energía renovable tiene cada vez más peso en el mix energético nacional, especialmente la energía solar y eólica. Solo en el año 2023, los registros demostraron que el 50,3% de la electricidad generada en España procedió de fuentes renovables, superando las cifras alcanzadas en 2022 (42,2%) y marcando un hito en la historia del país.

La energía fotovoltaica jugó un papel decisivo en este logro, incrementando su producción un 33,8% en un solo año. El año 2024 avanza a un ritmo similar registrando nuevos récords y, en todo este proceso de transformación, la industria solar fotovoltaica ha sido un eje estratégico como uno de los principales motores socioeconómicos del país.

Sin embargo, para poder alcanzar un crecimiento sostenido que nos permita desplegar todo el potencial, el almacenamiento energético se ha convertido en una necesidad inexcusable para poder recurrir a ella cuando sea necesario. No en vano, la Estrategia de Almacenamiento Energético en España persigue el objetivo de alcanzar 22 GW de capacidad instalada para 2030, con la meta de llegar a los 30 GW en 2050. Y para avanzar hacia estos objetivos debemos asegurar, entre todos los actores implicados, la implantación de sistemas de almacenamiento a gran escala para garantizar el suministro de energía durante los picos de demanda y la gestión eficiente de los excedentes energéticos.

En este sentido, el almacenamiento cobra singular relevancia como un mecanismo que posibilita el equilibrio entre generación y demanda, asegurando un flujo de energía constante y sostenible en el tiempo y contribuyendo al reemplazo de otras fuentes de energía convencionales. Una transformación de la que sin duda podrán beneficiarse un gran número de industrias, entre las que previsiblemente destacarán la industria manufacturera, la construcción y el sector agrícola.

Este enfoque es primordial porque no solo facilita la integración de las renovables, sino que además mejora la estabilidad del suministro y contribuye significativamente a garantizar la independencia energética. Además, para atender a las necesidades más inmediatas de flexibilidad del sistema español, es oportuno considerar de manera prioritaria el almacenamiento por baterías, al tratarse de una tecnología más avanzada y con más ventajas en términos de plazos y viabilidad.

Todo ello nos lleva a una realidad y a una aspiración global: la primera, España se reafirma como uno de los países más atractivos del mundo para invertir en energía verde; y la segunda, nuestro país ya se posiciona como uno de los hubs más importantes de Europa en energías renovables. Pero también nos induce a una reflexión: para consolidar este liderazgo y respaldar nuestras ventajas competitivas necesitamos contar con un marco regulatorio claro y estable que genere certidumbres y promueva la inversión en proyectos de almacenamiento.

Aunque el marco regulatorio está en proceso de desarrollo, también será necesario definir un sistema de remuneración que contemple incentivos para garantizar la confianza de los inversores y resolver otros desafíos urgentes como la modernización de la red eléctrica o el impulso del proceso de electrificación. Para ello, será esencial mantener un diálogo y colaboración efectiva entre el sector público y privado y luchar contra la creciente desinformación y oposición social frente a los proyectos renovables.

Por tanto, nuestra implicación en la descarbonización de la economía no es opcional, más bien es una tarea común. La historia nos ha dejado varias transiciones energéticas y desafíos coyunturales, como la sustitución de la leña por el carbón o la que supuso la Revolución Industrial, y ahora debemos dar otro salto cualitativo en este proceso de transformación de la matriz energética apostando con celeridad entre todos los agentes involucrados, desde gobiernos, y administraciones, hasta empresas, inversores y sociedad en general, por el desarrollo de un modelo energético más fiable, sostenible y justo.

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