España, líder europeo en infracciones ambientales activas

Vertederos ilegales, contaminación del aire en Madrid y Barcelona, tratamiento de aguas residuales, el Mar Menor o Doñana. Estos son algunos de los expedientes ambientales que acumula España en los archivos comunitarios y que, algunos de ellos, han pasado a ser multas.

Uno de ellos fue el 'Asunto C‑559/19' en 2021 en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que España tendría que haber«tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones para el abastecimiento urbano a la hora de estimar las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana» antes de elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015‑2021. Antes llegó, concretamente en 2018, una sanción de 12 millones de euros por no cumplir con la normativa en el tratamiento de aguas residuales urbanas.

Unos casos ya sentenciados que han supuesto 'tirones' de oreja a los gobernantes españoles, pero que no han supuesto que España desaparezca de los puestos de cabeza en infracciones relacionadas con el medioambiente. De hecho, España es el país con mayor número de casos activos en la actualidad, seguido de Grecia con 22 y Polonia con 20, según datos de la Comisión Europea.

«Esto no quiere decir que España no se preocupe por el medioambiente», aclara Ana Barreira, presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA). «Puede ser porque no se haya traspuesto alguna directiva comunitaria o que, simplemente, no se ha comunicado que se ha hecho», añade.

De hecho, según datos de Bruselas, casi el 90% de los procedimientos activos de España en este 2023 están relacionados con la mala aplicación de la normativa comunitaria. «Hay que ver uno a uno los casos abiertos y ver quién tiene la competencia en cada caso», explica la presidenta del IIDMA.

Históricamente, el agua y la protección a la naturaleza han sido los casos más numerosos en España desde finales de la década de los 90 hasta hoy en día.

En total, 271 casos por diversos motivos en las últimas tres décadas. Un acumulado que, si bien es cierto, se ha ido reduciendo con el paso de los años, ha llevado a España en la mayoría de ejercicios a liderar los casos, aunque en contadas ocasiones supone una sanción.

Más de dos centenares de casos activos donde algunos acumulan años de 'expediente abierto', ya que el proceso de resolución de estas infracciones es largo y puede abarcar unos pocos meses o varios ejercicios. Uno de los ejemplos más sonados es Doñana que estuvo bajo la lupa comunitaria desde 2014 hasta la sanción en 2021.

Esta investigación, relacionada con la extracción ilegal de agua y, en definitiva, la protección de los humedales del parque nacional, era compleja y necesitó casi una década para su resolución tras pasar por varias instancias comunitarias. No obstante, se trata de un procedimiento común según el tipo y el tema de la infracción.

En primer lugar, la Comisión Europea identifica posibles infracciones de la legislación de la UE sobre la base de sus propias investigaciones o tras las quejas de la ciudadanía.

Los ciudadanos comunitarios pueden informar a Bruselas a través de tres procedimientos: una «notificación informal» con cartas o avisando a un funcionario, establecer «una queja formal» o, por último, «formulando una petición al Parlamento Europeo».

A continuación, las autoridades comunitarias solicitan por carta información sobre la denuncia que ha de ser respondida por parte del Estado miembro en menos de dos meses. Si la Comisión concluye que el Estado no cumple sus obligaciones en función a la legislación de la Unión, puede enviar un dictamen motivado, es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación. Además, Bruselas obligará al ejecutivo del país a que informe de las medidas adoptadas.

Finalmente, si el Estado miembro mantiene el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia. En el caso de que este lo acepte, el tribunal puede imponer sanciones de carácter económico al Estado miembro. «La sanción recae sobre el país, pero en muchas ocasiones las culpables son las administraciones autonómicas o locales», destaca Barreira.

La última condena a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó el pasado mes de diciembre. En 2019, Bruselas decidió denunciar al Reino de España por incumplir la directiva europea de calidad del aire en Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat, al estimar que se excedía de forma «sistemática y continuada» el nivel límite anual de nitrógeno (NO2) de la ley vigente desde 2008 y legalmente vinculantes desde 2010. La sentencia fue clara: «España no veló por la calidad del aire».

Sin embargo, no conllevó sanción económica como sí ocurrió en 2018 con las aguas residuales urbanas. En este caso, el TJUE sancionó a España por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país.

«Todo esto no quiere decir que seamos malos alumnos, sino que hay muchos intereses y no siempre se cumple a tiempo», advierte la presidenta del IIDMA. La mayoría de casos españoles se solucionan tras los requerimientos de la Comisión. «Pocos llegan a sanción económica», advierte.

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