Dos de cada diez niños viven en casas insalubres

Las estrecheces de los más vulnerables para lograr un lugar donde vivir en España son tales que dos de cada diez niños residen en casas que se pueden calificar sin riesgo a exagerar como insalubres, pues tienen goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos o, incluso, podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. «Esta situación repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad», advierte Andrés Conde, director de la ONG de infancia, en el documento de denuncia 'Aquí no hay quien viva'.

Pese a que muchos desfavorecidos residan en estas modestas viviendas, España es el tercer país del continente en que mayor cantidad de familias con hijos, el 8,4%, tienen problemas habituales para pagar las letras de la hipoteca o los gastos de alquiler, solo por detrás de Grecia e Irlanda. El porcentaje de quienes están desbordados y son incapaces de hacer frente a estas obligaciones dobla la media de la Unión Europa.

El 40% de los hogares con niños que viven de alquiler tienen que entregar cada mes al casero no menos del 30% de sus ingresos, una situación que limita en exceso el resto de necesidades y que les coloca en momentos difíciles como el actual -con los alquileres sin parar de crecer y la inflación y los tipos hipotecarios desbocados- ante la posibilidad de un desahucio. Este punto, de por sí dramático, lo es aún más si se tiene en cuenta que entre el 70% y el 80% de las casas desalojadas en España en los últimos 15 años, más de 700.000, incluyen a niños o adolescentes.

El perfil principal de la familia desbordada por los impagos, y en muchos casos enfrentada al riesgo de desahucio, es la monoparental. Una madre que saca adelante sola a sus hijos. Hay unos 160.000 hogares en esta situación de desembolso inasumible. Save the Children calcula que cada una destina de media unos 200 euros al mes solo a pagos de vivienda por encima de lo que puede asumir -sin contar luz ni gas-, por lo que si recibiese una ayuda pública equivalente (unos 380 millones anuales) salvaría su delicada situación.

La ONG destaca que a está mala situación de los más vulnerables se ha llegado por las deficientes políticas de ayuda pública. España tiene uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, el 2,5% del total, una cuarta parte de la media continental. Sus cálculos indican que se precisaría un millón y medio de inmuebles protegidos para atender las necesidades actuales.

Otra evidencia de la insuficiencia de las ayudas es que hay 1,6 millones de familias con hijos e hijas en situación de pobreza, de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda. Sin embargo, en 2020 solo 25.000 hogares con niños o adolescentes a cargo recibieron una prestación para colaborar al pago de su habitación o piso.

Save the Children, ante la elaboración por parte del Gobierno de una nueva ley de vivienda, reclama un incremento presupuestario que permita facilitar el acceso a la vivienda de todas las familias vulnerables. Debería incluir la obtención automática de ayudas directas a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, la compra o rehabilitación pública de vivienda ya existe para ampliar de inmediato la oferta de alquiler social, bonificaciones fiscales a la mejora de la calidad energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación, coordinación entre juzgados y servicios sociales, y que cuando existan menores en riesgo de desahucio sea obligado que el juez cuente con un informe de vulnerabilidad de la familia ante de tomar cualquier decisión.