El otro apagón que se ceba con más pobres

Cuando se produce este fenómeno, las personas reciben un trato injusto, poco ético o simplemente diferente en función de sus datos personales o de sus destrezas digitales.

En muchos casos, este tipo de discriminación no hace si no reproducir y (en muchos casos) agrandar las propias diferencias del mundo real. Este efecto multiplicador puede deberse a que las redes heredan los sesgos que existían antes en la sociedad (conscientes o inconscientes), reflejando prejuicios.

En otros casos, la tecnología puede producir estos sesgos al no tener la misma cantidad de datos de un determinado grupo de la población, lo que puede producir un desequilibrio entre los algoritmos encargados de tomar decisiones.

En su peor vertiente, la discriminación digital puede agrandar estas desigualdades y causar un trato menos favorable a los grupos históricamente desfavorecidos. ¿Ejemplos?

Gema Galdón, fundadora de Eticas Consulting, una empresa que busca erradicar los sesgos de los algoritmos, denuncia que las mujeres reciben menos préstamos (pese a que suelen ser mejores pagadoras) porque tradicionalmente quienes pedían estos avales son hombres.

Casos sobre el impacto que estos sesgos con los que funcionan las máquinas tienen en un mundo cada vez más dominado por el software son variados y numerosos. En 'Algorithms of Oppression', Safiya Umoja Noble argumenta que el conjunto sesgado de algoritmos de búsqueda privilegia a los blancos y discriminan a las personas de color, especialmente a las mujeres, teniendo una doble discriminación por raza y sexo.

Como muestra, hay que recordar que Zoom tuvo que arreglar un fallo por el que, con ciertas personas negras, borraba las caras cuando estaban en videoconferencias.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también alertaba de que la brecha digital de género es, además de un reflejo de la discriminación general que sufren mujeres y niñas, un problema creciente que hay que resolver.

Ellas acceden y usan menos la tecnología digital, mientras que estas herramientas deberían, según Bachelet, guiarse por las normas y principios internacionales de derechos humanos, especialmente la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la participación y la provisión de recursos efectivos para no caer en el riesgo significativo de que la tecnología en realidad aumente las desigualdades de género.

Esta discriminación digital puede reflejar o agrandar la discriminación en la vida real. En el caso de la brecha digital de género, es mayor en los países menos desarrollados del mundo con un 32,9 % de impacto.

En lo que se refiere al acceso a Internet, esta discriminación es mayor en África, mientras que en términos de propiedad de teléfonos móviles, la brecha digital de género es más pronunciada en el sur de Asia, donde las mujeres tienen un 26 % menos de probabilidades de poseer un teléfono móvil que los hombres.

Estas diferencias tienen, como todas, su impacto económico. De hecho, en el caso de la brecha tecnológica de género, se calcula que si se diera la oportunidad de acceder a Internet a 600 millones de mujeres más en 3 años, el PIB mundial crecería entre 13.000 y 18.000 millones de dólares.

Este problema no es nuevo. Ya en 2014 un informe de la Casa Blanca alertaba de que la capacidad de determinar los rasgos demográficos de las personas a través de algoritmos y la agregación de datos en línea podía tener una consecuencia aún más peligrosa que las preocupaciones de privacidad: la discriminación sistemática.

En España, desde 2001 existe la ONG Cibervoluntarios que persigue, precisamente, acabar con esta brecha y discriminación digital. Como resume Yolanda Rueda, su fundadora y presidenta, pese a que en España la penetración de Internet es muy alta (según datos del INE, el 93,9% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses), se dan casos de discriminación digital. «Puedes tener Internet y no saber enviar un correo electrónico», expone como ejemplo de brecha digital.

De hecho, ya en 2018 un informe de la Fundación BBVA aseguraba que, de entre las viviendas que no tenían conexión a Internet, un 43,7% no lo tiene por falta de conocimientos y un 29,9% por el elevado coste de conexión.

Además, lejos de cerrarse, la discriminación digital no hace sino acrecentarse en España. Según el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España, esta brecha social se ha intensificado con la COVID-19 y el proceso de digitalización de las relaciones sociales que ha producido.

Según este informe, el apagón digital afecta al 35% de la población, en parte por no disponer de los aparatos necesarios, pero, sobre todo, por carecer de una conexión adecuada (21%) o de las habilidades necesarias para su manejo (29%). Es más, los sectores más excluidos son los más afectados: más de la mitad de los hogares en exclusión social severa están afectados por el apagón digital.