Trabajo anula los contratos laborales del Equipo de Gobierno del Valle de Tobalina
La Inspección de Trabajo declara nulos los contratos laborales establecidos por y para el Equipo de Gobierno del Valle de Tobalina
El auto subraya que un cargo público no puede mantener una relación contractual por cuenta ajena con el Ayuntamiento del que es corporativo
El PSOE exige la asunción de responsabilidades políticas por parte del PP
Jesús Ángel López de Mendoza y David Jurado. GIT
La Inspección de Trabajo ha acabado dando la razón al PSOE. Según han confirmado hoy el portavoz de los socialistas en el Valle de Tobalina, Jesús Ángel López de Mendoza, y su homólogo en la Diputación, David Jurado, la Inspección de Trabajo ha declarado nulos de pleno derecho los contratos de trabajo suscritos al comienzo de la legislatura por parte de la alcaldesa del municipio y los otros cuatro concejales del Equipo de Gobierno. Unos contratos que, según denunció en su día el PSOE, eran ilegales.
El Ayuntamiento tiene un plazo de una semana para subsanar la situación
En este sentido, el auto de la Inspección de Trabajo, remitido al Consistorio la semana pasada, concluye que los cinco corporativos deberían recibir sus emolumentos bajo la fórmula de miembros electos, y “no en el marco de una relación de trabajo laboral por cuenta ajena”, tal y como se suscribieron sus contratos tiempo atrás. Y es que, con esta última fórmula se generan derechos laborales como la percepción de prestación por desempleo o una indemnización al finalizar la legislatura, incompatibles, en todo caso, con el cargo político.
Así de hecho lo denunció el PSOE tras comprobar la fórmula laboral adoptada por el Equipo de Gobierno para establecer sus retribuciones. Lo hizo pública y políticamente y, tras no obtener respuesta satisfactoria, lo hizo en la Inspección de Trabajo, que varios meses después de la presentación de la denuncia ha acabado dando la razón a los socialistas.
Ahora, tras la emisión del auto, el Ayuntamiento tiene un plazo de siete días (que concluye esta semana) para “subsanar las deficiencias” detectadas. Esto es, debe proceder a dar de baja a los cinco corporativos como trabajadores municipales. En caso de que no cumpla, la propia Inspección insiste en la posibilidad de “levantar la correspondiente acta de infracción por los hechos detectados”. Vamos, que si no cumple podría haber sanción.
Responsabilidades políticas
Sea como fuere, y al margen de las consecuencias legales que pudieran derivar del incumplimiento de la normativa, desde el PSOE se exigen “responsabilidades políticas”. “Es una detrás de otra”, ha subrayado López de Mendoza al tiempo que exigía la “dimisión de la alcaldesa” del PP o, en su caso, que el presidente provincial del partido, César Rico, tome cartas en el asunto. Y es que, “la culpa no la tiene la gestoría” que tramitó los contratos, sino quien dio la orden, en este caso la primera edil, que se reservó una jornada parcial al 50 por ciento retribuida con 20.000 euros brutos anuales. Los otros cuatro corporativos tenían contempladas jornadas parciales del 26,6 por ciento valoradas en 6.000 euros brutos al año.