La Junta reacciona al “error histórico” gravando los residuos radiactivos de Garoña
Se establecerá un nuevo hecho imponible vinculado al combustible nuclear depositado en una central en fase de desmantelamiento
El vicepresidente afirma que la Junta está “decepcionada” con el Gobierno central y que “se ha sentido sola” en su defensa de Garoña
Herrera ha remitido una carta a Energía para exigirles un plan alternativo liderado por España y con colaboración de las propietarias
José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta. JCyL
No era un disparate, y Nuclenor lo sufrirá en propias carnes. La Junta de Castilla y León creará un nuevo hecho imponible para gravar el combustible nuclear depositado en la central de Santa María de Garoña, ahora que se ha confirmado su cierre. De este modo se responde desde el Gobierno regional a un “error histórico”, a una decisión política del Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha “decepcionado” al equipo de Juan Vicente Herrera, ha asegurado el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
El también consejero de la Presidencia ha comparecido esta mañana tras la rueda de prensa en la que el ministro Álvaro Nadal ha anunciado que el Gobierno deniega la autorización para la ampliación de la licencia de explotación, y se ha mostrado muy duro en sus declaraciones. De Santiago-Juárez ha afirmado que la Junta “no comparte la decisión política del Gobierno de España”, pues el cierre de Garoña es una decisión política, habida cuenta que existe un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que autoriza la reapertura, condicionada a una serie de inversiones.
“Algún día alguien se dará cuenta del error que se ha cometido”
“Durante años se ha defendido la continuidad de Garoña siempre que fuese segura”, ha recordado el vicepresidente, en relación a la Junta de Castilla y León, pero también al Partido Popular. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha tomado la decisión de cerrar la nuclear y, aunque se entienden las circunstancias, en la región se considera “un error histórico”, que ha “decepcionado” en concreto al Gobierno de Juan Vicente Herrera. “Algún día alguien se dará cuenta del error que se ha cometido”, ha afirmado.
Pero la Junta no se va a quedar de brazos cruzados. Para empezar, modificará uno de los impuestos propios, el relativo a afecciones medioambientales, para crear un nuevo hecho imponible. Se gravará a Garoña por el combustible nuclear depositado en la central, que ahora que se confirma su cierre se convierte en un mero almacén temporal de residuos radioactivos. De Santiago-Juárez recuerda que la Junta tiene competencias para crear este nuevo gravamen, que no grava el cierre de Garoña sino la acumulación de residuos.
Por otra parte, el presidente Herrera ha remitido una carta al ministro Nadal para exigir la puesta en marcha de un plan de reindustrialización para la zona de influencia, que esté liderado por el Gobierno central y del que participen Iberdrola y Endesa. Es “lógico” que las empresas propietarias de Garoña, que “se han beneficiado” durante más de cuarenta años de la central, se impliquen en la reactivación de la zona. “Están obligadas”. La Junta colaborará con ese plan de dinamización, ha afirmado el vicepresidente.
“Capricho ideológico”
Todo empezó con un “capricho ideológico” de Zapatero y continuó con una “pésima gestión” de Soria
José Antonio de Santiago-Juárez ha recordado que la denegación de la autorización de la reapertura es el capítulo final de una historia que comenzó por un “capricho ideológico del presidente Zapatero”, cuando el PSOE decretó el cierre de Garoña en 2013. A continuación vino una “pésima gestión” del ministro de Industria José Manuel Soria, que “dejó pasar el tiempo” en un momento en el que no había la “incertidumbre política” actual. A todo ello se suman las “incoherencias” y los “cambios de criterio” de las eléctricas, que también son responsables.
“La Junta de Castilla y León se ha sentido muy sola” en su defensa de Garoña, y De Santiago-Juárez ha comparado la situación a Fuenteovejuna, “pero todos contra Garoña”, ha puntualizado. Solo el Partido Popular y Coalición Canaria se han mostrado a favor de la reapertura, y la Junta se ha sentido sola “en el plano político interno” de Castilla y León, pero también en el externo nacional. El vicepresidente ha recordado que para septiembre está previsto el debate de la proposición de ley impulsada por el PSOE que, una vez aprobada, hubiera supuesto el cierre definitivo.
El vicepresidente ha lamentado que no se haya tenido en cuenta a los trabajadores, directos e indirectos, a la hora de tomar esta decisión. Y ha recomendado a todos aquellos que hoy celebran el anuncio del Gobierno, “en los chiringuitos” de la playa, que se acerquen a Garoña, a Las Merindades, y “notarán el sufrimiento” de esos trabajadores. Para la Junta, la decisión de Energía traerá consecuencias “indeseables” en la política energética española, y se pregunta qué vendrá después de cerrar la nuclear burgalesa.