Energía cierra Garoña
El contexto político, de oposición permanente a Garoña, y la “incertidumbre” del futuro han forzado la decisión
Álvaro Nadal afirma que Garoña se ha utilizado “políticamente” y como “elemento de presión” contra el Gobierno
Energía y Junta apostarán por un plan alternativo para el entorno de la nuclear y reclaman la participación de las empresas
Garoña se cierra. Ahora sí. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido denegar la autorización para renovar la explotación de la central nuclear Santa María de Garoña, rechazando la solicitud presentada por Nuclenor en 2014, porque la nuclear burgalesa “se ha utilizado políticamente” y considera “inviable” otro tipo de decisión. Así lo ha anunciado esta mañana el ministro, Álvaro Nadal, afirmando que la decisión tomada es la que “genera menos problemas, menos impacto en el sistema energético y menos incertidumbre”.
Nadal ha asegurado que “no ha habido un debate sosegado sobre el futuro de Garoña que pidió el Gobierno central”, y sin esperar a las alegaciones presentadas (han sido 17 en total), los grupos políticos han marcado sus posicionamientos contra la reapertura de Garoña, “posicionamientos de antemano”, ha apuntado. “Se ha utilizado Garoña como un símbolo político”, como “un campo de batalla política”, lo que genera una “incertidumbre” que, en parte, es responsable de la decisión gubernamental.
Garoña “se ha utilizado como un símbolo político, un campo de batalla política”
Energía ha ponderado los pros y los contras de reabrir Garoña durante estos seis últimos meses, tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se exigían “fuertes inversiones” a Nuclenor para la reapertura, ha recordado Nadal. Teniendo en cuenta el “contexto político”, con una oposición mayoritaria a la central, y que las propias propietarias (Iberdrola y Endesa) la han utilizado como “un elemento de presión” en la regulación del parque nuclear, el Gobierno ha decidido no autorizar la renovación de la licencia de explotación.
El ministro ha insistido en que la situación actual, desde el punto de vista político, no garantiza la certidumbre necesaria para amparar una ampliación de la explotación hasta 2031, como solicitaba Nuclenor. Todos los partidos con representación en el Parlamento se han posicionado en contra de Garoña, con proposiciones no de ley, cartas y diferentes iniciativas. Además, está pendiente una proposición de ley impulsada por el PSOE que, de aprobarse, sería de obligado cumplimiento y supondría el cierre de Garoña, ha apuntado Álvaro Nadal.
A ello se suma que el CSN requiere a Nuclenor la realización de “inversiones muy significativas”, que en primera instancia retrasarían la reapertura hasta dentro de 2 años. Y en esta situación de “incertidumbre política”, con la mayoría de los partidos en contra de Garoña, “es inviable” otro tipo de decisión que no sea la denegación de la autorización, en palabras del ministro. Además, Energía recuerda que el “impacto” del cierre de Garoña en el sistema energético español es “nulo”, y la nuclear lleva inactiva desde 2012.
Iberdrola y Endesa se han servido de la nuclear “como elemento de presión”
Por otra parte, Nadal ha insistido en que Iberdrola y Endesa han utilizado Garoña “como elemento de presión” en la regulación del parque nuclear, y el Gobierno central no está dispuesto a soportar este tipo de injerencias. Al mismo tiempo, Iberdrola ya puso de manifiesto en marzo su interés por desistir de la solicitud de reapertura, mientras que Endesa han mantenido su postura a favor de esperar la resolución del Gobierno, en un “litigio” permanente con su socia eléctrica, ha afirmado el ministro.
Plan alternativo
Así las cosas, el Energía emitirá en breve la orden ministerial de denegación de la autorización y cierre de Santa María de Garoña, iniciándose el proceso de desmantelamiento de la nuclear burgalesa, si bien la orden es recurrible. Un desmantelamiento que durará entre 13 y 16 años, ha apuntado Nadal, por lo que la actividad en el entorno de la central no se parará de manera automática. Además, el ministro ha afirmado que la plantilla tiene firmado un plan social con Nuclenor que garantiza el mantenimiento del empleo, con recolocaciones y prejubilaciones, algo que niegan en UGT.
Asimismo, los municipios del entorno continuarán recibiendo los pagos de ENRESA durante el desmantelamiento, unos 2,5 millones de euros. Y el Gobierno central, de la mano de la Junta de Castilla y León, pondrá en marcha un plan de viabilidad económica alternativo a Santa María de Garoña, “para el que se pide la participación de las empresas”. Álvaro Nadal ha afirmado que se trata de la decisión que genera menos problemas e incertidumbre, insistiendo en que Garoña es una central pequeña con “aportaciones relativamente pequeñas” al mix energético.