La comunidad universitaria se suma a las reivindicaciones del Día Mundial del refugiado
El Centro de Cooperación de la UBU organiza un acto de solidaridad con los refugiados coincidiendo con la celebración del Día Internacional
Reclaman un impulso firme a las políticas de acogida
La concentración se ha llevado a cabo en la Facultad de Económicas. GIT
Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Burgos (UBU) para mostrar su solidaridad con los refugiados coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Refugiados.
Durante los primeros cinco meses del año han muerto en el Mediterráneo 1.533 refugiados
Durante el acto, organizado por el Centro de Cooperación de la UBU con la colaboración de la futura Asociación UBU-Cooperantes, la directora del Centro, Esther Gómez Campelo, ha dado lectura a un manifiesto mediante el que se reivindicaba un fortalecimiento de las políticas de acogida. Y es que, actualmente España no está cumpliendo los compromisos adquiridos en la materia, habiendo acogido a apenas 840 refugiados de los más de 15.000 comprometidos. En el caso de Burgos, todavía no ha llegado ninguno, a pesar de la “buena voluntad” de la plataforma creada para tal efecto.
Y mientras tanto, ha subrayado Gómez, la “tragedia” en el Mediterráneo “continúa”. En los cinco primeros meses del año han perdido la vida intentando llegar a las costas de Europa 1.533 personas, lo que no hace sino ratificar la necesidad de abordar la situación desde otra perspectiva.
En este sentido, desde el Centro de Cooperación de la UBU se suman a las reivindicaciones lanzadas ya por numerosos colectivos en los últimos años, tendentes a rechazar el acuerdo “ilegal” de la UE con Turquía, el cese inmediato de los rechazos en frontera y su retirada de la Ley de Extranjería, la creación de vías seguras para las personas que necesitan huir de guerras y persecuciones, la eliminación de las vallas fronterizas que limitan la libre circulación de personas, el cierre de los centros de internamiento, donde se vulneran derechos humanos y a los que España dedica 20,8 millones anuales y la eliminación de las vallas fronterizas que limitan la libre circulación de personas. En el plano local, además, exigen que Burgos sea declarada ciudad-refugio.