Luz verde al ERE de Ibercaja, que aplicará un máximo de 590 bajas incentivadas
La dirección de la entidad financiera y la mayoría de los sindicatos acuerdan las condiciones de un ERE que supondrá el cierre de un máximo de 140 oficinas
En Burgos se cerrarán una decena de oficinas y se aplicarán las medidas a más de 60 trabajdores
La Dirección de Ibercaja Banco y una mayoría de los representantes de los empleados alcanzaron ayer un acuerdo para la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado por la entidad el pasado mes de marzo aduciendo causas de carácter económico, organizativo y productivo. Según confirman desde Ibercaja, el principio de voluntariedad es el criterio prioritario que se aplicará, al que se podrán acoger hasta 590 empleados mediante bajas incentivadas, en línea con los anteriores Expedientes de Regulación de Empleo completados por la entidad. Asimismo, se contempla también el cierre de un máximo de 140 oficinas.
El acuerdo alcanzado, rubricado con los sindicatos CC.OO., APECA-FINE y ACI, que aglutinan una representación conjunta del 64,04 por ciento de la plantilla, incluye bajas indemnizadas para los trabajadores que cumplan 57, 58 y 59 años de edad antes del próximo 31 de diciembre. Las condiciones económicas de salida se han cifrado en un 80 por ciento del salario neto anual más una prima, con un máximo total del 85 por ciento de dicha referencia salarial.
Igualmente, el expediente incluye bajas indemnizadas para los empleados que tengan 55 y 56 años en esa misma fecha, con otras condiciones económicas con respecto al grupo de edad anterior, y que opten por rescindir su relación laboral con la entidad, y aquellos que, como consecuencia del cierre de sus oficinas de trabajo, sean trasladados a un puesto a más de 50 kilómetros de distancia y decidan causar baja. El acuerdo también considera medidas alternativas compensatorias para los empleados que, como consecuencia de la reestructuración, sean trasladados de su puesto actual de trabajo.
En este sentido, desde Ibercaja destacan que “la capacidad de diálogo y negociación existente por ambas partes, como en ocasiones anteriores, ha favorecido un acuerdo que cumple con los objetivos de la negociación: garantizar los derechos conjuntos de la plantilla; optimizar la estructura, adaptándola al mercado actual; y contribuir a elevar la competitividad, eficiencia y viabilidad autónoma a medio y largo plazo”.
Los empleados pueden solicitar su adscripción voluntaria hasta el próximo 23 de junio y la aplicación del expediente se llevará a cabo entre 2017 y el primer semestre de 2018 de manera ordenada y escalonada para no afectar al funcionamiento habitual de la actividad del banco y la atención a los clientes.
En principio, el ERE afectará a algo más de 60 trabajadores en Burgos y supondrá el cierre de una decena de oficinas, cifras por debajo de las planteadas inicialmente por la entidad.