Desciende un 42 por ciento el número de quejas elevadas al Procurador del Común
El Procurador del Común tramitó en 2016 un total de 2.527 quejas formuladas por ciudadanos contra la Junta y varios ayuntamientos
Varios de los asuntos tramitados ya son habituales, pero ha habido un mayor esfuerzo en diferentes ámbitos, como la retirada de materiales peligrosos
Las quejas en sanidad, dependencia y acceso a servicios sociales enfrentan a los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes
Amoedo charlando con Herrera, Alicia García y el arzobispo de Burgos. GIT
El Procurador del Común recibió durante el pasado ejercicio un total de 2.527 quejas de ciudadanos, lo que supone un descenso del 42 por ciento respecto a los datos del año pasado. Ese es sin duda uno de los datos más relevantes del informe de actividad presentado esta mañana por Javier Amoedo a las Cortes de Castilla y León, desplazadas hasta Burgos para la celebración de un pleno ordinario. Un informe que también destaca por la reincidencia en varios ámbitos, como la Sanidad, la Educación, la accesibilidad, la conservación del patrimonio o el acceso a los servicios públicos y que vuelve a dar un tirón de orejas a la Junta en diferentes aspectos.
La falta de colaboración con las administraciones locales derivó en 2016 en sendos escritos a la Fiscalía
En este sentido, cabe destacar que más de la mitad de las quejas recibidas (1.405) afectan directamente a la Administración Autonómica, mientras que 871 van dirigidas a las administraciones locales y otras 251 a otras administraciones. Y aquí llega otro tirón de orejas, en este caso a los ayuntamientos, que según Amoedo siguen mostrando ciertas reticencias a la colaboración con el Procurador del Común. Una falta de colaboración que en cinco ocasiones ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Tras la tramitación de todas las quejas, la institución dictó en 2016 un total de 991 resoluciones, de las que 617 fueron a favor del ciudadano. De estas últimas, fueron aceptadas totalmente 318 y parcialmente 53, no siendo aceptadas otras 96. Asimismo, al cierre del ejercicio quedaban pendientes de respuesta 119 expedientes.
Muchos frentes
Muchos y muy diferentes son los asuntos que generaron quejas el pasado ejercicio. El que mayor volumen de protesta suscitó fue el estado de la carretera de Porto de Sanabria, que acumuló un total de 756 quejas. Pero no fue el único, ni muchísimo menos. En esta ocasión, el protagonismo recae también en diferentes ámbitos de actuación en materia sanitaria, como las listas de espera para las pruebas diagnósticas, las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia, el alta forzosa de pacientes hospitalizados o la solicitud de implantación de servicios de radioterapia.
En esta ocasión también se ha registrado un intenso trabajo en materia de seguridad, con iniciativas, muchas de ellas de oficio, para retirar materiales peligrosos de edificios públicos y sistemas de abastecimiento, como el amianto. Asimismo, y siguiendo con la tendencia ya habitual, el Procurador del Común también ha tramitado varias quejas formuladas contra los procesos selectivos realizados por varios ayuntamientos en sus contrataciones, así como diferentes expedientes vinculados a la demora en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la Ley de Dependencia.
Enfrentamiento
Se trata, en suma, de un informe que, una vez más, insta a la Junta a aplicar medidas correctoras en diferentes ámbitos y que, a juicio de la oposición parlamentaria, muestra las vergüenzas de la Administración Autonómica. Así lo han reiterado durante su exposición plenaria los portavoces de los diferentes grupos, que han exigido a Herrera un mayor grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones.
Muy diferente es la visión aportada por Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Popular, quien ha insistido en que la Junta ha admitido “el 80 por ciento” de las recomendaciones, poniendo en marcha medidas correctoras. Además, y salvando las críticas de la oposición, De la Hoz ha hecho hincapié en la escasa presencia de quejas formuladas en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales.