Aplazado el juicio por prevaricación y malversación contra el ex alcalde de Cardeñadijo
El presidente del Juzgado de Instrucción Nº1 decide aplazar la vista oral contra el ex alcalde de Cardeñadijo y tres funcionarios para estudiar nueva documentación
Los cuatro acusados se enfrentan a peticiones de penas de cinco años y medio de prisión
El ex alcalde de Cardeñadijo, Alberto Calvo, se enfrenta a una petición de pena de cinco años y medio de prisión. GIT
Habrá que esperar varios meses más. El Juzgado de Instrucción Nº1 de Burgos ha decidido esta mañana aplazar de nuevo la vista correspondiente al proceso judicial abierto en su día contra el ex alcalde de Cardeñadijo, Alberto Calvo (PP) y tres ex trabajadores del Ayuntamiento por sendos supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Unos delitos por los que la Fiscalía solicita penas de cinco años y seis meses de prisión, así como de seis años de inhabilitación especial para ocupar un cargo público y una sanción económica de 50 euros al día durante seis meses.
También están acusados el ex secretario general, el ex arquitecto y el ex aparejador
Tras más de una hora de debate previo, el presidente de la sala ha decidido aplazar la vista oral en tanto las defensas de los acusados estudien las últimas pruebas presentadas por la acusación particular. Se trata, tal y como ha señalado el abogado del ex alcalde, de documentación ingente que debe ser analizada con tiempo para preparar la argumentación de la vista. Finalmente, el presiente de la sala ha aceptado la solicitud y ha decidido aplazar de nuevo la vista, que ya fue aplazada en septiembre del año pasado ante la ausencia de uno de los testigos clave.
Sea como fuere, el proceso sigue adelante, que no es poco teniendo en cuenta de dónde viene. Y es que, los hechos denunciados se retrotraen a 2003. Según consta en la denuncia, el Ayuntamiento entró entonces en contacto con la UTE formada por Proycon y Promotora Fuente Catalina para desarrollar una operación urbanística de gran calado en el municipio.
En base, la Corporación presidida por Calvo entre 1999 y 2007 entendió necesario levantar un nuevo polideportivo, una nueva casa consistorial y un nuevo consultorio médico. Para ello, el Ayuntamiento articuló un acuerdo con la UTE mediante la que se le cedían a esta terrenos urbanizables en el municipio donde levantar 80 viviendas a cambio de la construcción de las tres nuevas infraestructuras. Dicho acuerdo se formalizó a través de una permuta que nunca recibió el necesario beneplácito de la Diputación y que generó numerosos problemas administrativos.
Sin recepción
Paralelamente, la UTE entró en quiebra y varias reclamaciones quedaron pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento, que nunca llegó a recepcionar las obras de las nuevas infraestructuras municipales. Es más, a día de hoy, los tres edificios están en pie, pero sin uso y con numerosas deficiencias en su interior.
Con todo, no fue hasta 2007 cuando el nuevo Equipo de Gobierno, liderado por Daniela Grijalbo, comenzó a estudiar el asunto hasta que en 2009 decidió acudir a los tribunales al considerar que la operación urbanística estaba plagada de irregularidades que a posteriori han tenido un efecto devastador en las cuentas municipales.
Lejos de aceptar tal denuncia, tanto el ex alcalde, como los otros tres ex trabajadores (secretario general, arquitecto y aparejador) mantienen su inocencia en un proceso que apenas sí ha terminado de arrancar por los continuos aplazamientos que se han registrado en los últimos años.