… Mientras que Imagina considera que una reapertura supondría un “riesgo”
Imagina Burgos se suma a las críticas de colectivos ecologistas y ayuntamientos del entorno, cuestionando los criterios aplicados en el dictamen del CSN
Consideran que el organismo se ha guiado por “presiones de las eléctricas”
Una eventual reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña supondría un “riesgo” para “miles de personas”. Así lo ha asegurado hoy el portavoz de Imagina Burgos en la Diputación de Burgos, Marco Antonio Manjón, que, acompañado de varios representantes de municipios del entorno y de colectivos ecologistas, ha cuestionado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ayer avaló la reactivación de la planta siempre que Nuclenor acometa inversiones que fuentes del sector valoran en más de 150 millones de euros.
En este sentido, Manjón ha criticado el dictamen del CSN, al considerar que se ha realizado siguiendo “criterios políticos” y no técnicos, respondiendo así a la “presión de las eléctricas”. En la misma línea se ha expresado Arístides García, activista anti nuclear, que ha cuestionado la calidad del dictamen de un organismo formado por “personajes” que “carecen de conciencia” y no han escuchado a los técnicos. A este respecto, ha añadido, Nuclenor ha tenido cuatro años para “arreglar” todos los fallos que según García presentan las instalaciones y “no ha hecho nada” más allá de construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos.
También José Luis Conde, concejal del Ayuntamiento del propio Valle de Tobalina, ha criticado la posible reapertura de la planta, subrayando que el argumento del empleo no es válido. Y es que, según ha manifestado, desde que la central abrió sus puertas, el Valle ha ido perdiendo población. Además, ha añadido, Nuclenor “no ha invertido” en la zona, sino que se ha limitado en las últimas décadas a dar “dádivas” y pagar los impuestos correspondientes. En total, a través del IBI y el IAE, la empresa paga unos 1.200.000 euros anuales al Ayuntamiento, que a su juicio deberían ser más por la construcción del ATI, cuya fiscalidad ha acabado en los tribunales.
