Diputación actualizará su Inventario de Bienes y Derechos veinte años después
La propuesta del PSOE de regularizar el Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación ha sido aprobada por unanimidad
El Equipo de Gobierno ha recordado que T-Systems está encargándose de esta actualización, que debería de estar finalizada en enero de 2018
La Diputación ha aprobado por unanimidad la proposición del PSOE. IAC
La Diputación actualizará y regularizará su Inventario General de Bienes y Derechos, después de casi 20 años sin hacerlo. Ha tenido que llegar el Consejo de Cuentas de Castilla y León para sacar los colores a la Institución Provincial y que sean reconocidos la multitud de errores e imprecisiones que presenta el Inventario. Todos los grupos políticos han calificado las conclusiones del informe de “demoledoras y contundentes”, por lo que la proposición del PSOE de “actualizar y regularizar” el Inventario ha sido aprobada por unanimidad.
El Equipo de Gobierno ha reconocido “no hay excusas” ante el informe del Consejo de Cuentas
De esta manera, la Diputación asume la mala situación de su Inventario y pasa a incluir entre sus prioridades el ponerlo al día. Desde finales de 2015, la empresa T-Systems se encuentra realizando esta costosa labor, que debería de estar terminada a principios de 2018, según ha recordado el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Borja Suárez.
Los adjetivos empleados para describir el estado del Inventario no se quedan cortos cuando su última actualización data de 1998, según ha puesto de relieve David Jurado, portavoz del Grupo Provincial Socialista. Y es que, sin datos correctos del inmovilizado con el que cuenta la Diputación “es imposible gestionar adecuadamente” y, además, “se incumple la ley”.
Es por esto que la proposición del PSOE va más allá de la actualización y regularización y ha conseguido que sea el propio Pleno de la Diputación, quien aprobará el resultado del trabajo de T-Systems. Así mismo, se desarrollarán sistemas de coordinación entre el Servicio de Patrimonio e Intervención General y el Castastro y la propia Diputación.
Además, se establecerá un sistema de contabilidad analítico que permita conocer el coste real de la prestación de servicios públicos, de forma que pueda hacerse un cálculo efectivo de las tarifas y precios públicos. Finalmente, la Diputación realizará un Plan de Optimización de la ocupación de edificios administrativos y los servicios que se prestan en ellos.