El PSOE exige que Enresa retire el recurso contra Valle de Tobalina por el impuesto del ATI
La entidad pública ha presentado un recurso contra la obligación de pago de 134.000 euros del ICIO del proyecto del almacén temporal de residuos nucleares
Alega que la cantidad corresponde a los cinco contenedores que se instalarán pero que, al ser elemento movibles, no deben incluirse en la obra
El PSOE recuerda que la licencia de construcción se otorgó a Nuclenor y debería ser la empresa la que pagase la totalidad del impuesto
El almacén dará servicio a Garoña. GIT
El PSOE presentará una proposición no de ley (PNL), en el Congreso y en el Senado, instando al Gobierno central a que “haga todo lo posible” para que Enresa retire el contencioso-administrativo presentando contra el Ayuntamiento de Valle de Tobalina y pague los impuestos derivados de la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares. En concreto, la entidad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos debería abonar 134.000 euros del ICIO, impuesto que comparte con Nuclenor.
Jesús Ángel López de Mendoza, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina, ha recordado que el Consistorio concedió en mayo a Nuclenor la licencia para la construcción del almacén temporal de residuos nucleares, vinculado a la central de Santa María de Garoña. El proyecto se valoró en 10,7 millones de euros, por lo que se debían pagar 214.000 euros en concepto de impuesto de construcciones (ICIO). Nuclenor ha pagado 80.000 euros, pero los 134.000 que tenía que pagar Enresa no se han abonado.
El ICIO asciende a 214.000 euros y Nuclenor ha abonado 80.000
La entidad pública los ha depositado con un aval bancario, lo que impide al Ayuntamiento paralizar la obra del almacén, y al mismo tiempo ha presentado un recurso contra Valle de Tobalina. Alega que no tiene que pagar esos 134.000 euros de ICIO ya que corresponden a la parte del impuesto aplicado sobre los contenedores, elementos movibles y que, por tanto, quedarían fuera de la obra. El proyecto incluye la instalación de cinco contenedores, con un precio de 1,3 millones cada uno, ha explicado López de Mendoza.
Desde el PSOE insisten en que la licencia se concedió a la totalidad de la obra y debería ser Nuclenor la que pagase esos 134.000 euros, porque el sujeto de la licencia es la empresa conformada por Endesa e Iberdrola. Y, luego, entenderse Nuclenor con Enresa. A juicio del senador Ander Gil es “impresentable” que Nuclenor y Enresa intenten “escaquearse” del pago del impuesto a un ayuntamiento de 1.000 habitantes. Las empresas gestoras de Garoña están demostrando ser “un mal vecino” para la comarca y el área de influencia de la central.
“Rocambolesco”
Por otra parte, Gil ha calificado de “inaudita” y “rocambolesca” la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear diese el visto bueno, en las próximas horas, a la reapertura de Santa María de Garoña. El socialista ha denunciado las consecuencias que tendría el “chanchullo” entre el Gobierno y las eléctricas, que con una autorización a la nuclear burgalesa permitiría ampliar la vida útil de las centrales más allá de los cuarenta años actualmente establecidos.
Además, se dejaría la puerta abierta al “chantaje”. Si un futuro gobierno tomase la “legítima” decisión de no conceder licencias mayores, por motivos económicos o medioambientales, podría acabar con una demanda judicial por lucro cesante, ya que la autorización a Garoña generaría una serie de derechos difícilmente soslayables. El senador insiste en que la decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa debe pasar por el Congeso y el Senado, y el Gobierno está “hurtándoles” de debatir sobre el modelo energético español.