C’s solicita una reestructuración de la plantilla de la Diputación para evitar desviaciones
Ciudadanos exige al Equipo de Gobierno de la Diputación un nuevo estudio de necesidades laborales y una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
En los últimos meses, 18 trabajadores temporales han tenido que ser reconocidos indefinidos tras sendas sentencias judiciales
Ciudadanos ya ha criticado anteriormente la gestión de Personal. GIT
A lo largo de los últimos meses, la Diputación de Burgos se ha visto obligada por mandato judicial a modificar hasta 18 contratos temporales de trabajadores interinos y convertirlos en indefinidos -que no fijos-, lo que a juicio de Ciudadanos es una señal inequívoca de que algo no funciona. Y lo que es peor, que el Equipo de Gobierno no quiere solucionar. Así al menos lo ha subrayado hoy el portavoz de la formación naranja en la Institución Provincial, Lorenzo Rodríguez, que ha reiterado las criticas vertidas ya tiempo atrás contra la política de Personal del Equipo de Gobierno y ha adelantado su intención de exigir la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita reorganizar la plantilla de la Diputación para adaptarla a las necesidades actuales.
La Jefa de Personal reconoce que el problema deriva de las restricciones impuestas por el Gobierno central
En este sentido, ha explicado, la polémica viene de lejos. En los últimos años, la Diputación ha realizado un número significativo de contratos temporales para cubrir interinidades. Tras tres años en el puesto, la ley dice que dichos contratos deben transformarse en indefinidos, y un total de 18 trabajadores han optado por reclamarlo ante los tribunales, que han obligado a la Diputación a modificar los contratos sin que ésta “haya recurrido”.
A partir de ahí, y mientras no se convoca la plaza, los trabajadores “van ganando puntos” que pueden ser útiles en un futuro concurso, lo que en definitiva supone, según Rodríguez, un sistema para “abrir la puerta” a incorporaciones sin cumplir los criterios de “igualdad, mérito y capacidad” que se está reflejando, fundamentalmente, en las plantillas de las residencias de ancianos y en la del área de obras.
Informe
Así lo reconoce en parte la propia Jefa de Personal de la Diputación, que recientemente emitió un informe al respecto en el que intenta poner negro sobre blanco. Eso sí, lo hace con ciertos matices. Y es que, a pesar de reconocer la existencia del problema, la responsable del área comparte buena parte de los argumentos esgrimidos por el Equipo de Gobierno, reiterando que el origen de la situación no es otro que “las medidas de contención cuantitativa de los empleados públicos” impuestas por el Gobierno Central “desde 1993”, las cuales “han ido incrementando hasta convertirse en unos años en congelación de Ofertas de Empleo Público”.
Así, ante la imposibilidad de convocar plazas las plazas necesarias para cubrir las necesidades, la Diputación, “al igual que otras administraciones”, se ha visto “obligada” a tirar de las contrataciones temporales y la cobertura interina de las plazas, lo que a la postre se ha traducido en la situación actual, que tiene “difícil solución”.
Soluciones
A este respecto, la Jefa de Personal plantea algunas posibilidades, como son la “externalización de algunos servicios, la contratación mediante empresas de trabajo temporal o el nombramiento de funcionarios interinos”, aunque reconoce que “las actuales directrices políticas del Equipo de Gobierno no dejan margen a esas soluciones”.
Quizá por ello, Ciudadanos plantea una cuarta vía, que pasa invariablemente por una modificación de la RPT para adaptarla a la nueva realidad. Y es que, el último estudio de necesidades data de 1999 y desde entonces ha llovido mucho. Algunas áreas apenas tienen carga de trabajo ahora mismo, mientras otras no dan a basto y se debe recurrir a contrataciones. Vamos, un desequilibrio en toda regla. Por eso, la formación naranja apuesta por un nuevo estudio que derive en una nueva RPT mientras se intenta atajar el problema de los trabajadores temporales antes de que haya un ‘efecto llamada’ y se acumulen las denuncias para reclamar contratos indefinidos.