Guardia Civil desmantela una red que estafaba en nombre de las Fuerzas de Seguridad
Se dedicaban a pedir publicidad para revistas profesionales o sindicatos en nombre de Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales
La operación ha permitido detener a tres personas y se investiga a otras catorce por delitos de estafa y falsedad documental
La banda actuó en todas las provincias y se han detectado seis casos en Burgos, 56 en Castilla y León, aunque podría haber más
La operación ha sido coordinada por la Guardia Civil de Murcia. BC
La Guardia Civil de Murcia ha desmantelado una comunidad de bienes que empleaba el nombre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para estafar, con operaciones en diferentes provincias españolas, entre las que se encuentra Burgos, donde se han detectado seis casos. A través de la operación ‘ROPU’, que continúa abierta, la Benemérita ha detenido a tres personas, mientras que investiga a otras catorce, todas ellas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada y falsedad documental.
El entramado delincuente tenía sede en Madrid y, presuntamente, se dedicaba a estar en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los diferentes cuerpos de policía local del país. La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando la Benemérita descubrió que varios agricultores del municipio de Jumilla estaban recibiendo llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban colaboraciones económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil.
Coaccionaban a los que no querían colaborar y cargaban facturas sin consentimiento
Fruto de los contactos mantenidos con estas primeras víctimas se averiguó que alguna de ellas había colaborado con los presuntos estafadores en ocasiones anteriores, en la creencia de que lo hacían con la Benemérita. En otros casos, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento. Las pesquisas practicadas por la Guardia Civil destaparon que esta supuesta red delictiva había actuado en otras provincias, perjudicando tanto a organismos públicos como privados.
En junio, y una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una Comunidad de Bienes con sede en Madrid, por lo que se solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro. El registro del inmueble se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el principal cabecilla de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental. También se incautó abundante documentación relacionada con la trama.
6 casos en Burgos, 56 en Castilla y León
El análisis de los documentos ha permitido identificar a otras catorce personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les ha instruido diligencias como investigadas. En todos los casos, estos sujetos se hacían pasar por miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, recabando publicidad para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales, reales en la mayor parte de los casos, y que eran ajenas al engaño.
La operación continúa abierta y se calcula que las víctimas podrían ser más de un millar
Entre los casos esclarecidos hasta el momento se encuentran víctimas que nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones aunque solo habían autorizado su colaboración con una. La Guardia Civil ha averiguado también que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo coaccionó cuando se negó a colaborar.
Al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al aparecer sus logos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones. En Burgos se han detectado 6 casos, mientras que en Castilla y León ascienden a 56 las personas perjudicadas. Se ha estafado tanto a particulares y empresas como a organismos públicos (ayuntamientos, por ejemplo), y el número de víctimas alcanzaría el millar.