Jiménez-Blanco advierte que la deuda del Consorcio recae sobre el Ayuntamiento
El catedrático de Derecho Administrativo Antonio Jiménez-Blanco ratifica que el Ayuntamiento ha de asumir la deuda del Consorcio si este se disuelve
Entiende que el organismo está en causa legal de disolución por la deuda
Lacalle buscará una postura común con los grupos el próximo jueves
Y por fin llegó el informe. Ahora, queda por ver si sirve para desbloquear la situación. El catedrático de Derecho Administrativo Antonio Jiménez-Blanco, uno de los máximos expertos sobre la materia en España, ha remitido hoy el informe solicitado semanas atrás para intentar poner negro sobre blanco en torno a la responsabilidad de unos y otros en la deuda del Consorcio de la Variante Ferroviaria y arrojar un poco de luz sobre las posibles consecuencias de la no reestructuración de la deuda. Y las conclusiones son contundentes, aunque abiertas en ciertos aspectos a la interpretación.
El catedrático entiende que el Ayuntamiento tendría pocas posibilidades en un hipotético proceso judicia
Sin duda, la principal idea que presenta el documento, de más de 90 páginas de extensión y debidamente documentado, es que la deuda del Consorcio recae directamente sobre el Ayuntamiento, tal y como contemplan los estatutos del convenio firmado en mayo de 2014. La única manera de evitar dicha asunción pasa por demostrar que las entidades bancarias, en su doble función de acreedoras de la financiación y de miembros del propio Consorcio, hayan “causado lesión” con su “mal hacer” al organismo, una acusación que en todo caso debería venir acreditada y cuantificada, algo extremadamente difícil de abordar. No en vano, todas las decisiones que ha tomado el Consejo Rector del Consorcio han llegado por unanimidad, y eso también implica responsabilidad para los representantes municipales.
A partir de esa idea inicial, el informe también intenta arrojar luz sobre otras cuestiones clave en todo este asunto. Entre todas ellas destaca el hecho de que el Consorcio efectivamente “se encuentra en la causa objetiva de disolución”, ya que al no poder hacer frente a las deudas no puede cumplir con los objetivos marcados. Esa situación, per se, abre la puerta a la disolución inmediata del organismo previo acuerdo del Consejo Rector.
Sin embargo, la disolución del Consorcio no derivaría en un proceso liquidador que se alargara en el tiempo, tal y como se llegó a plantear desde la oposición, sino en “la transmisión en bloque de todo el patrimonio -activo y pasivo- al Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el Art. 18 de los Estatutos”. Y eso, a su vez, podría suponer un varapalo a mayores, por cuanto que el Ayuntamiento debería incluir los terrenos en el inventario de suelo municipal y aplicarles los correctores urbanísticos necesarios, lo que supondría, según Jiménez-Blanco, una merma del valor patrimonial de los activos.
Otras vías
Con todo, el catedrático mantiene abierta la puerta a una nueva renegociación. No en vano, explica, “todo lo anterior no significa que la operación financiera que fue sometida al Pleno el 22 de julio y que se vio rechazada sea la única de las opciones posibles en derecho, porque las cosas -aun siendo el tiempo disponible cada vez más corto- deben verse en el marco de la flexibilidad que es propia de toda negociación”.
Eso sí, el propio Jiménez-Blanco también asegura que la posición del Ayuntamiento ha ido perdiendo fuerza a medida que pasaban las semanas, ya que los intereses de la deuda se siguen acumulando y las entidades financieras podrían haber ejecutado ya dichas deudas. De hecho, en caso de abrir la vía judicial, el catedrático entiende que “con toda probabilidad, las posibilidades de éxito del Ayuntamiento serían escasas”.
Junta de Portavoces
Una vez analizado inicialmente el informe, el alcalde, que ha ofrecido una rueda de prensa con carácter urgente para dar cuenta del mismo, ha ratificado su intención de convocar una reunión de la Junta de Portavoces para el próximo jueves. El objetivo de dicho encuentro pasa por intentar hacer un frente común entre todos los grupos municipales tomando como referencia las conclusiones de Jiménez-Blanco y, a partir de ahí, establecer la postura definitiva. En este sentido, tanto Lacalle como el responsable del área de Hacienda, Salvador de Foronda, interpretan que el informe corrobora la mayor parte de sus planteamientos y siguen dando por bueno, al menos en base, el acuerdo para la renegociación alcanzado con las entidades bancarias tiempo atrás.
