Los técnicos niegan que los modificados del HUBU hayan beneficiado a Eficanza
El director técnico de la Dirección General de Infraestructuras insiste en que solo se aceptaron modificados “razonables”
Ignacio Ferrera aventura que “es posible” que la concesionaria no esté obteniendo ningún beneficio de la gestión del HUBU
Intervención recuerda que su labor consistía en garantizar la legalidad de los modificados sin valorar su “oportunidad”
El director técnico de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, Ignacio Ferreras, ha asegurado esta mañana que los reequilibrios financieros derivados de los modificados de proyecto “no han beneficiado” a la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Es más, Ferreras aventura que “es posible” que Eficanza no obtenga ningún tipo de beneficio, ya que la oferta presentada era “muy económica”, incluso rozando lo “temerario”, ha reconocido en su comparecencia en la comisión de investigación.
La concesionaria presentó varios modificados, pero no todos fueron aceptados por la Junta de Castilla y León. El director técnico ha asegurado que solo se dio el visto bueno a aquellos que eran “razonables” y se ajustaban a la legalidad, y ha puesto como ejemplo el tercero de los reequilibrios planteados. En ese caso, se rechazó la propuesta en su mayor parte porque sus pretensiones se alejaban de la oferta inicial, ha explicado Ferreras. De hecho, la empresa “trataba de desvincularse del riesgo y ventura” del proyecto.
Ambos técnicos insiste en que el proyecto del HUBU fue “totalmente legal”
Además, el técnico regional niega que el contrato garantizase en algún momento beneficio para le empresa, y de hecho cuestiona que pueda estar obteniéndolo en estos momentos. El precio final del HUBU se ha incrementado en un más de un 50 por ciento, sin embargo eso no quiere decir que los reequilibrios hayan significado beneficio económico directo para Eficanza, ha insistido Ferreras, al mismo tiempo que ha defendido la “legalidad” en el procedimiento regional, lo mismo que el jefe del Servicio de Intervención y Fiscalización.
Ignacio Pascual Aramburu ha insistido en que el proyecto del HUBU ha sido “totalmente legal”, sin entrar a valorar la “oportunidad” de la fórmula de concesión público privada, porque eso “excede” de sus competencias. Su labor consistía únicamente en “controlar la legalidad”, comprobar que los modificados se ajustaban a la normativa, sin analizar si eran pertinentes. Además, el jefe de Intervención ha reconocido que “no es infrecuente” que el coste de un proyecto se duplique, si bien es cierto que la Ley de Sostenibilidad ha puesto “coto” a este tipo de situaciones.
