El exalcade de Cardeñadijo se enfrenta a un juicio por prevaricación y malversación
La ausencia de un testigo aplaza el juicio contra Alberto Calvo y tres antiguos técnicos del Ayuntamiento
Se analiza la operación de permuta con una UTE para la construcción de varios edificios municipales
Ayuntamiento de Cardeñadijo. BC
La ausencia de un testigo, de baja laboral, ha aplazado “sine die” el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Burgos contra el exalcalde de Cardeñadijo Alberto Calvo Ibáñez (PP), acusado de los delitos de prevaricación, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos, por la permuta de suelo municipal realizada a una unión temporal de empresas (UTE) a cambio de la construcción de varios edificios públicos. A los mismos cargos se enfrentan tres antiguos técnicos del Ayuntamiento, en concreto, secretario interventor, arquitecto municipal y arquitecto técnico.
La actual alcaldesa de Cardeñadijo, Daniela Grijalbo, presentó en 2009, un par de años después de que accediese al cargo, denuncia contra la cesión de varias parcelas municipales a la UTE para la construcción de una Casa Consistorial, un centro de salud y un polideportivo, según se recoge en el escrito de la Fiscalía. La permuta de parcelas se aprobó en Pleno en 2003 y el convenio que amparaba la operación, en 2004, en todos los casos con informes favorables de los técnicos municipales.
La UTE podía construir 80 viviendas a cabo de levantar una Casa Consistorial, un centro de salud y un polideportivo
El Ayuntamiento se comprometía a ceder varias parcelas de su titularidad, en las que la UTE levantaría alrededor de 80 viviendas, a cambio de que la empresa construyese edificios de uso municipal, sobre la base de la necesidad de los mismos. Además, la UTE tenía que pagar casi 139.000 euros en concepto de diferencia entre el valor de las parcelas que se le entregan y el coste del proyecto municipal. Igualmente, el Ayuntamiento tuvo que solicitar 300.000 euros de crédito para hacer frente a gastos derivados de la operación.
Irregularidades
La acusación de prevaricación, falsedad y malversación deriva de varios hechos. Por un lado, la Fiscalía ha constatado que el Ayuntamiento incluyó en la permuta parcelas que no se habían registrado como de su propiedad y, además, cambió la calificación urbanística en algunas de las afectadas por el acuerdo. Del mismo modo, el Consistorio no solicitó la preceptiva autorización sobre la permuta a la Diputación Provincial hasta dos años después de haber formalizado el acuerdo, momento en que Diputación rechazó la operación.
El fiscal pide para los tres acusados cinco años y seis meses de prisión, una multa de veinte meses a razón de 50 euros al día y seis años de inhabilitación. Igualmente, se exige el pago de los 139.000 euros que la empresa nunca realizó a favor del Ayuntamiento, y los 300.000 euros que el Consistorio pidió a través de un préstamo, ya que no se utilizaron para pago de intereses, sino que se destinaron a pago de gasto corriente municipal.