Dos informes para definir el futuro del Consorcio del Desvío
El Ayuntamiento encargará al gabinete de abogados de Jiménez Blanco que determine responsabilidades y viabilidad del ente
Lacalle ha solicitado a la oficina técnica del ente otro documento similar, alegando que así se acordó en la reunión de julio
PSOE, Imagina y C’s niegan dicho acuerdo y critican que el alcalde mantenga su estrategia de “complicidad” con las acreedoras
La polémica sobrevuela una vez más el Consorcio del Desvío Ferroviario. El informe que debería aclarar la situación presente y futura del ente participado por el Ayuntamiento y las fundaciones Caja de Burgos y CajaCírculo podría acabar convirtiéndose en dos informes, incluso “contradictorios”. Y es que el Ayuntamiento solicitará al despacho de abogados de Jiménez Blanco su propio documento, como pedía la oposición. Sin embargo, el alcalde Javier Lacalle ha realizado el mismo encargo a la oficina técnica del Consorcio, “por su cuenta”.
Así lo han explicado Daniel de la Rosa (PSOE), Raúl Salinero (Imagina) y Gloria Bañeres (Ciudadanos) tras la Junta de Portavoces celebrada esta mañana. En la misma, se ha tomado la decisión de iniciar los trámites para encargar a Jiménez Blanco el informe “municipal”, que tendrá un coste inferior a 15.000 euros, podría estar concluido antes de finalizar septiembre y, lo más importante, servirá para dirimir responsabilidades entre los entes consorciados y analizar si el Consorcio es viable o debe disolverse tras el rechazo del acuerdo de reestructuración de la deuda.
PSOE, Imagina y C’s niegan que el consejo rector acordase solicitar el informe a la oficina técnica
Un informe que, en el caso del PSOE, será el único que tenga en cuenta a la hora de decidir qué posición debe tomar el Ayuntamiento en el seno del Consorcio en su relación con las entidades acreedoras. Y es que no será el único sobre la mesa, ya que Javier Lacalle ha encargado a la oficina técnica del ente la elaboración de un informe de similares características. El alcalde se ha justificado asegurando que así se acordó durante la reunión del consejo rector celebrada en julio. Sin embargo, la oposición niega este extremo.
Daniel de la Rosa ha asegurado que “en ningún caso” el consejo rector tomó “formalmente” esa decisión, ni “expresamente”, ha insistido Gloria Bañeres. Y en al misma línea se ha expresado también Raúl Salinero, para quien esta situación es un “lío” orquestado por Lacalle, dentro de su estrategia de “complicidad” con las tres entidades financieras acreedoras, ha puntualizado De la Rosa. Y es que la oposición ha insistido en que no se puede encargar “al lobo un informe sobre las gallinas”.
La oficina técnica está gestionada por las fundaciones Caja de Burgos y CajaCírculo, que han defendido la postura de las entidades financieras, llegando a solicitar la disolución del Consorcio, han recordado. Por ese motivo, PSOE, Imagina y C’s quieren que la posición del Ayuntamiento se marque de conformidad con un informe propio, “diga o que diga” ese informe, ha insistido Bañeres. Y de ahí que, al menos el PSOE, no vaya a tener en cuenta el documento que pueda presentar la oficina técnica, mientras que Imagina va solicitar directamente que no se realice.
Posición común
El documento “municipal” costará menos de 15.000 euros y podría llegar antes finalizar septiembre
Además, los grupos de la oposición han conseguido convencer al alcalde para que posponga una próxima reunión del Consorcio del Desvío hasta que se disponga de ese informe “municipal”, que podría llegar antes de finalizar septiembre. El objetivo es que el Ayuntamiento lleve una postura común al consejo rector, donde cuenta con seis votos más el de calidad del alcalde, siempre y cuando el Partido Popular no se desmarque de la posición común defendida por PSOE, Imagina y C’s, como ha ocurrido recientemente.
Los grupos han criticado también que se haya perdido “un tipo valioso”, desde que a principios de agosto solicitasen una reunión urgente para cerrar el encargo del informe. Ha transcurrido más de un mes y, además, Lacalle ha aprovechado una Junta de Portavoces para abordar el asunto, lo que demuestra que “o no es tan grave o el PP no lo toma tan en serio”, ha comentado Bañeres. De todos modos, el Ayuntamiento puede disponer de algo de tiempo antes de enfrentarse de nuevo a las entidades financieras.
Y es que, a raíz de la negativa de aceptar el acuerdo de reestructuración de la deuda, las acreedoras remitieron un burofax en el que exigían al alcalde que disolviese el Consorcio. Al entrar por registro, el Ayuntamiento tiene que incoar expediente y resolverlo en el plazo de tres meses, tiempo más que suficiente para recibir el informe y marcar una posición, ha asegurado la portavoz de Ciudadanos. Y a ello tendrían que esperar también las propias entidades financieras antes de dar otro tipo de pasos.