El Procurador del Común acepta la queja del PCAS por “violación” de derechos
La formación denunció al Ayuntamiento por cobrar la tasa de ocupación de espacio público a partidos, asociaciones o colectivos sociales
Los castellanistas consideran que se atenta contra derechos fundamentales y la libertad de expresión o la libertad ideológica
El referéndum anti-corrupción, una de las acciones de calle del PCAS. IAC
El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja presentada por el Partido Castellano (PCAS) en la que acusa al Ayuntamiento de Burgos de “violar” derechos fundamentales y libertades públicas cuando cobra la tasa de ocupación de espacio público a partidos políticos, colectivos y asociaciones que instalan mesas informativas, reparten propaganda o recogen firmas en la calle. Y es que, a juicio de la formación, el Partido Popular está realizando una interpretación “torticera” de la ordenanza municipal reguladora del uso del espacio público.
Los castellanistas han recordado que, con la excusa de incrementar la recaudación municipal o velar por la imagen y limpieza de la ciudad, el Equipo de Gobierno está implantando “de manera progresiva” una serie de medidas “cuyos efectos inmediatos son perseguir la libertad de expresión, la libertad ideológica y los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”. Medidas denunciadas ante el Procurador del Común y que, una vez aceptada la queja, comenzarán a investigarse.
El PCAS insiste en que repartir propaganda o recoger firmas son actos sin ánimo de lucro
A la formación le sorprende que, mientras el Ayuntamiento no tiene problemas en ceder espacios como el Monasterio de San Juan a empresas, y de manera gratuita, esté girando a partidos, sindicatos, colectivos y asociaciones recibos recaudatorios por actividades sociales o políticas que se realizan en la calle, ya sean estas reparto de propaganda, recogida de firmas o mesas informativas. Las actividades, “sin ánimo de lucro”, se equiparan a colocación de terrazas o veladores, aseguran desde el PCAS, y pagan tasa.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Burgos vulnera “de forma grave” los derechos fundamentales, en opinión del Partido Castellano, “en un claro ejercicio de actuación reaccionaria y liberticida”, confundiendo la razonable gestión municipal de las empresas con ánimo de lucro que pretenden utilizar o aprovechar el dominio público local en beneficio particular con el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, “propios de una democracia plural y participativa”, ha insistido la formación, que continúa esperando respuesta a la reunión solicitada con el alcalde.