Castilla y León pierde un 10,4 % de su peso en el reparto con el actual modelo de financiación
La Junta cuestiona públicamente el nuevo modelo de financiación autonómica asegurando que ha perdido peso específico dentro del reparto de fondos
La comunidad ha visto recortada su financiación en 456,65 millones de euros
Cinco comunidades salen ganando en detrimento de otras diez
A la Junta de Castilla y León no le salen las cuentas con el nuevo modelo de financiación autonómica. Y es que, según los últimos análisis realizados al respecto, la comunidad ha recibido de media el 6,5 por ciento de los fondos asignados por el modelo de financiación entre las 15 autonomías de régimen común desde su entrada en vigor en 2009 hasta el último ejercicio liquidado, 2014, un porcentaje que contrasta con la cuota del 7,3 por ciento percibida con el anterior sistema, que reguló el reparto de recursos entre 2002 y 2008.
Eso implica que Castilla y León ha visto reducido en más de un 10,4 por ciento su peso relativo en la financiación autonómica, lo que demuestra, según la Junta, que “el modelo actual ha sido perjudicial para los intereses de los castellanos y leoneses”. De hecho, es el segundo territorio más damnificado, solo por detrás de Extremadura.
Tal y como ha denunciado la propia Junta mediante un comunicado, el mejor ejercicio para Castilla y León fue 2010, cuando recibió el 6,65 por ciento de los fondos distribuidos entre las autonomías, si bien cabe precisar que en este ejercicio se incorporaron plenamente los recursos adicionales que el Gobierno central había agregado al modelo de financiación un año antes, coincidiendo con la fecha de su aprobación. Por el contrario, 2012 marcó el peor registro para la comunidad, ya que solo percibió el 6,4 por ciento de los fondos totales.
Nuevo reparto
Con todo, y a la vista del análisis realizado, cabe extraer varias conclusiones. La primera de ellas es que cinco autonomías han ganado peso relativo con el actual sistema, destacando en primer lugar Baleares (un 27,1 por ciento), seguida por Madrid (16,6 por ciento), Cataluña (14,7 por ciento), Comunidad Valenciana (3,4 por ciento) y Murcia (0,6 por ciento).
La mayor representatividad conseguida por estos cinco territorios ha ido en detrimento del resto, especialmente de Castilla y León y de Extremadura, cuyo retroceso en términos porcentuales alcanza los dos dígitos. En concreto, la comunidad extremeña ha visto caer su peso relativo sobre el conjunto de la financiación un 13,7 por ciento con el actual modelo y Castilla y León, un 10,4 por ciento. Siguiendo este orden, a continuación se sitúan Canarias y Andalucía, que han cedido casi un 10 por ciento cada una, Galicia (8,9 por ciento), Asturias (7,8 por ciento), Castilla-La Mancha (6,5 por ciento), Cantabria (2,5 por ciento), Aragón (2,3 por ciento) y La Rioja (0,8 por ciento).
Insuficiencia financiera
Pero al margen de la variación en cuanto al peso relativo de cada autonomía, desde la Junta cuestionan el propio resultado global del sistema, puesto que la disminución total de los fondos repartidos entre 2010 y 2014 se cifra en 4.630 millones de euros, es decir, un 5 por ciento menos. Esta reducción es superior a la experimentada por el Producto Interior Bruto (PIB) de España, que en estos ejercicios de crisis se contrajo un 3,7 por ciento en términos nominales. Por lo tanto, la segunda conclusión que puede extraerse es que la financiación de las comunidades autónomas ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía nacional y ha pasado de representar el 8,6 por ciento del PIB en 2010 al 8,5 por ciento en 2014.
Esta insuficiencia de recursos se hace especialmente patente en el caso de Castilla y León, que ha visto recortada su financiación en 456,65 millones de euros entre 2010 y 2014, es decir, un 7,4 por ciento. En concreto, los recursos definitivos asignados por el sistema a la Comunidad han retrocedido desde los 6.166,59 millones de euros hasta los 5.709,95 millones en el mismo periodo.
Una de las causas principales de esta pérdida de financiación se explica por las reglas de reparto definidas en la ley que regula el modelo, que otorgan un peso deficiente a las variables no poblacionales –como el envejecimiento, la dispersión o la baja densidad– pese a que estas determinan un coste mayor en la prestación de los servicios públicos fundamentales. En concreto, el único fondo en el que se computan estos criterios es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que supone menos del 10 por ciento de los recursos totales del sistema.