Los técnicos municipales advierten del riesgo de disolución del Consorcio del Desvío
El secretario general, el interventor y el área de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento advierten de la posibilidad de que el Consorcio del Ferrocarril se vea obligado a disolverse
Si el Ayuntamiento no aprueba el nuevo convenio con los bancos y éstos se niegan a abrir una nueva negociación, el Consorcio “no podrá cumplir sus objetivos”
Sin un acuerdo para la reestructuración de la deuda del Consorcio de la Variante Ferroviaria, éste se verá imposibilitado para cumplir su objetivo y, por ende, debería proceder a su disolución. Esa es la idea que comparten el secretario general, el interventor y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que hoy mismo han emitido con carácter de urgencia sendos informes mediante los que se pretende poner negro sobre blanco las repercusiones legales que tendría un hipotético rechazo del convenio de refinanciación acordado con las entidades bancarias semanas atrás. Un rechazo que podría ratificarse mañana en el Pleno municipal si no cambian las posturas de los grupos políticos, que no tiene pinta.
El secretario municipal asegura que el Consorcio está “en riesgo de disolución”
En este sentido, las conclusiones de los tres informes son muy similares. A saber, uno de los objetivos del Consorcio, participado inicialmente por el Ayuntamiento, Caja de Burgos y Cajacírculo, es gestionar de manera directa “el pago de la financiación municipal de la Variante Ferroviaria”, una financiación concedida a través de sendas operaciones de crédito con ambas entidades y el Banco Sabadell. Asimismo, el artículo 17 de los estatutos del Consorcio también indica que éste deberá disolverse “en caso de imposibilidad legal o material de realizar el objetivo” para el que se constituyó.
Tomando como referencia ambas cuestiones y la existencia de una deuda millonaria, tanto el secretario general, como el interventor y el área de Asesoría Jurídica concluyen que si el propio Consorcio no toma medidas concretas para reestructurar esa deuda y dar “viabilidad” a su operación, éste “debe disolverse”.
Escenario de incertidumbre
¿Significa eso que un voto en contra en el Pleno aboca a dicha disolución? Sí y no. Y es que, tal y como subraya el secretario en su informe, “la eventual circunstancia de no aprobación del convenio por el Pleno no produce por sí sola, de forma automática, la disolución del Consorcio”. Dicha disolución, en todo caso, es una decisión que debe tomar el Consorcio, ya sea de manera voluntaria por acuerdo de las tres partes -o del Ayuntamiento en exclusiva, que no es el caso- u obligatoria en caso de imposibilidad de cumplir el objetivo. Y ahí está la clave del asunto.
Básicamente, si el Ayuntamiento descarta el último acuerdo y las entidades bancarias se niegan a abrir una nueva negociación, la disolución parece ser la única consecuencia posible. Al menos a juicio de los técnicos municipales que han elaborado los informes. No en vano, recuerda el interventor, el Consorcio acumulaba a mediados de junio unos impagos de casi 30 millones de euros.
Fase de liquidación
Eso sí, en caso de que el Consorcio efectivamente se viera obligado a disolverse, dicha decisión debería ser adoptada por el máximo organismo del Consorcio, que también debería abrir una “fase de liquidación”, un escenario que profundiza aún más en el terreno de las hipótesis. De hecho, ninguno de los informes -cuya urgencia ha sido criticada por la Asesoría Jurídica e Intervención- se atreve a hablar de plazos ni condiciones de dicha disolución, aunque en los estatutos del mismo se subraya que “el Ayuntamiento de Burgos le sucederá universalmente, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones”.
Con todo, es el informe del secretario general el que quizá plantee un escenario menos halagüeño, concluyendo que el propio Consorcio “está en grave situación de inviabilidad financiera y en riesgo de disolución, con la situación de incertidumbre que genera”.
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