Defensa se ve obligada a readmitir a la delegada sindical de Ucalsa despedida en diciembre
La delegada sindical de UGT en Ucalsa ha sido readmitida en su puesto después de que el Juzgado de los Social declarara su despido improcedente
Las otras 19 compañeras despedidas continúan en el paro y UGT exige su readmisión
La delegada sindical de UGT, Maria José Insua, que hasta el 31 de diciembre prestaba sus servicios como cocinera, junto a sus 19 compañeras, en los comedores los cuarteles de Defensa de Burgos, ha sido readmitida tras dictar sentencia el Juzgado de lo Social de Burgos, obligando a su readmisión inmediata así como al abono de los salarios desde la fecha del despido.
Las 20 trabajadoras fueron despedidas el 31 de diciembre
Así lo ha confirmado el propio sindicato a través de un comunicado mediante el que recuerda que, eso sí, las otras 19 trabajadoras, todas ellas mujeres con cargas familiares, siguen en el paro desde que el pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Defensa tomara la decisión unilateral de extinguir la prestación de servicios de la empresa Ucalsa, despidiendo así a la totalidad de la plantilla.
“Todos los despidos han sido considerados improcedentes, la sentencia es contundente, declarando que fue un acto unilateral extintivo y sin causa constitutivo de despido improcedente, teniendo que readmitirse a las trabajadoras o bien la indemnización correspondiente”, subrayan desde UGT. Sin embargo, añaden, “Defensa ha recurrido todos ellos en el TSJ, por lo que no solo las 19 trabajadoras han estado más de 2 meses sin cobrar ningún tipo de prestación, sino que tampoco se han hecho efectivas las indemnizaciones o readmisiones correspondientes a cada caso”.
700 trabajadoras en España
En este sentido, la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo, SMC-UGT, de Burgos y Región, quiere mostrar su “malestar” con la actuación del Ministerio de Defensa en lo concerniente al empleo civil en las cocinas de los acuartelamientos de Burgos. No en vano, “esta medida no solo afecta a las empresas adjudicatarias del servicio, sino que el Ministerio ya ha anunciado que no se hará cargo de la plantilla actual, pudiendo llegar a afectar en los próximos meses a mas de 700 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio“. Y eso, insisten, a pesar de la obligación legal de “subrogar” todos los contratos.
“Consideramos que la actitud del Ministerio en sus recursos a las 20 sentencias, no es más que una manera de prolongar la incertidumbre y demorarse en el tiempo a la hora de afrontar la sentencia, por no mencionar el añadido del coste, que tanto los despidos como las costas judiciales, va a suponer este proceso, dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas”, concluyen.
