El Supremo vuelve a quitar la razón al Ayuntamiento de Aranda en el Caso Proincove
El tribunal ha desestimado el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Alega que la petición de una revisión de oficio del justiprecio por ocupación ilegal de parcelas es “totalmente inconsistente”
El Ayuntamiento está condenado a pagar 4,2 millones por expropiación, 1,6 millones por ocupación ilegal e intereses de demora
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) en relación con el ‘Caso Proincove’, por el que se ha condenado al Consistorio a pagar siete millones de euros por ocupar ilegalmente dos parcelas en un proyecto de recuperación de riberas. El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechado el 15 de julio, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y condena a costas al Ayuntamiento (4.000 euros)
El caso se remonta al año 2002, cuando el Consistorio ocupó de manera ilegal, sin expropiación previa, dos parcelas propiedad de la Constructora Proincove. El objetivo era llevar a cabo un proyecto de recuperación de las riberas de los ríos en casco urbano, se recuerda en la sentencia. Los propietarios de las parcelas denunciaron la ocupación ilegal, solicitando una compensación, primero, y una expropiación, después, pero el Ayuntamiento no respondió a ninguna de las peticiones.
El Ayuntamiento ocupó dos parcelas, sin expropiarlas, para un proyecto de regeneración de riberas
Una “inactividad” municipal que acabó con el caso en la Comisión Territorial de Valoraciones de Burgos, que marcó un justiprecio, insisten en el Tribunal Supremo, contra el que el Consistorio no recurrió. Así las cosas, y ante las importantes consecuencias económicas de un “torpe proceder municipal”, el Ayuntamiento intentó enmendarlo solicitando una revisión de oficio. Se basaba en que la Comisión había considerado como urbanizadas unas parcelas que eran rurales, planteando un precio de expropiación de 4 millones de euros cuando habían costado 30.000.
Inconsistente
Sin embargo, la Comisión de Valoraciones rechazó la petición, al considerar que no existía causa de nulidad de pleno derecho en sus actos, lo que llevó al Ayuntamiento a recurrir ante el TSJCyL. El máximo órgano judicial de Castilla y León desestimó el recurso tras asegurar que la Comisión está legitimada para rechazar una solicitud si considera que no tiene fundamento. Al mismo tiempo, se le recordó al Ayuntamiento que una revisión de oficio es una vía excepcional, y que habían podido recurrir a la decisión del justiprecio en su momento pero no lo hicieron.
Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJCyL, alegando que la solicitud municipal es “totalmente inconsistente”, y que además se ha quedado sin objeto. Y es que en una sentencia previa, de marzo de 2016, el Supremo ya anuló las resoluciones de la Comisión de Valoraciones para sumar al justiprecio establecido los intereses de demora. De este modo, el Ayuntamiento de Aranda de Duero está condenado a pagar 4,2 millones de euros por las dos fincas, más 1,6 millones por ocupación ilegal e intereses de demora.