PCAS denuncia una violación de derechos en el cobro de la tasa de ocupación
El Partido Castellano denunciará al Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común
Critica que se giren recibos por ocupación de la vía pública a partidos, asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro
A juicio de la formación se están violando derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad ideológica
El Partido Castellano (PCAS) denunciará ante el Procurador del Común y ante el Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Burgos por violación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, a raíz del cobro de la tasa de ocupación de espacio público a partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones por instalación de mesas informativas, reparto de propaganda o recogida de firmas. La formación no descarta una denuncia por vía penal contra el alcalde o los concejales responsables del giro de las tasas.
Los castellanistas han explicado que, con la justificación de incrementar la recaudación municipal o velar por la imagen y limpieza de la ciudad, el Equipo de Gobierno del Partido Popular está poniendo en marcha una serie de medidas que, a su juicio, atentan contra la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, así como el derecho de reunión pacífica, a realizar concentraciones y manifestaciones en la vía pública, cuyo ejercicio no precise de autorización previa.
En concreto, el PCAS hace referencia a una aplicación “torticera” de la ordenanza fiscal que regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes e instalaciones de dominio público. El Ayuntamiento está girando a determinados partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales y asociaciones recibos recaudatorios bajo la consideración de que actividades como la instalación de una mesa informativa, la recogida de firmas o el reparto de propaganda son similares a la colocación de terrazas, veloradores, andamios, carpas, atracciones o casetas de venta.
Reaccionario
Además, el borrador de la nueva ordenanza de limpieza en la que trabaja el Equipo de Gobierno prevé la prohibición total de colocación de carteles, pancartas y elementos informativos en paredes y vía pública, bajo amenaza de fuertes sanciones económicas, ha apuntado la formación. Todo ello supone una actuación “reaccionaria y liberticida”, que equipara la utilización y el aprovechamiento del dominio público por parte de empresas o entidades que buscan un lucro económico, con el ejercicio de los derechos fundamentales.
Por se motivo, el PCAS llevará el caso ante el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo y solicitará esta misma semana una reunión con los grupos municipales del Ayuntamiento para exigirles que frenen esta “involución antidemocrática”. Igualmente, los castellanistas pedirán reunirse con el alcalde, Javier Lacalle, para denunciar esta situación y exigir un listado de cuáles son los colectivos y organizaciones a los que se aplica “de forma ilegal” la tasa, ya que el Ayuntamiento no gira el recibo a todas las organizaciones políticas, sociales y religiosas, aseguran en PCAS.