Diputación pide modificar la normativa de traslados intercomunitarios de fallecidos
El Pleno de la Diputación insta a la Junta y al Gobierno a modificar la normativa de los traslados de los fallecidos entre comunidades autónomas
Ahora mismo se aplican diferencias en la gestión de los cadáveres si fallecen en una comunidad diferente a la de su lugar habitual de residencia
El borrador de presupuestos estará sobre la mesa en breve. GIT
Cuando una persona fallece en una comunidad autónoma diferente de la que le sirve de residencia habitual se generan ciertos problemas en la gestión del cadáver. Así lo denunció ayer el Grupo Provincial de Ciudadanos, que consiguió sacar adelante una propuesta de la Diputación mediante la que se solicita un cambio normativo que permita facilitar los trámites del traslado de los fallecidos.
Este es un problema que se vive especialmente en las comarcas periféricas
Según explicó el portavoz de la formación naranja en la Diputación, Lorenzo Rodríguez, este es un problema que afecta sobremanera a las zonas periféricas de comunidades como Castilla y León. Ese es el caso, por ejemplo, de Las Merindades, cuyos vecinos son trasladados hasta el hospital vizcaíno de Cruces por proximidad. Una vez allí, y en el peor de los casos, algunos fallecen, lo que genera un malestar entre familiares y amigos, ya que la normativa de los traslados es más restrictiva que si éstos se realizan dentro de los límites de la comunidad autónoma.
Tomando como referencia esta situación, todos los grupos políticos con presencia en la Diputación apoyaron la propuesta de Ciudadanos, que, eso sí, retiró uno de los puntos de la moción para alcanzar el consenso con el Equipo de Gobierno. Y es que, según subrayó el portavoz del Ejecutivo provincial, Borja Suárez, los decretos de la Junta sobre los que se sustenta esta normativa vienen apuntalados por criterios de seguridad sanitaria, que obligan a que el cadáver permanezca un tiempo determinado en el lugar del fallecimiento. “24 horas es el plazo mínimo exigible”, subrayó Suárez a este respecto.
Asimismo, el debate también se vio salpicado por diversas consideraciones en torno al “negocio” de la gestión de los finados y a la ruptura de la “unidad de mercado” entre comunidades autónomas, que en muchos casos difieren en torno a los costes de gestión del cadáver.