El TSJ avala las liquidaciones de los precios de las residencias provinciales
El Tribunal Superior de Justicia avala que la Diputación pida a los familiares de los usuarios de las residencias la diferencia entre lo pagado y lo que cuesta la plaza
El PSOE e Imagina consideran que “no es justo”, a pesar de que sea legal
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) acaba de avalar las liquidaciones de los precios de las residencias de ancianos gestionadas por la Diputación. Así lo ha confirmado esta misma mañana el presidente de la Institución Provincial, César Rico, que ha dado cuenta de la recepción de una sentencia al respecto durante el debate suscitado precisamente por el envío de cartas a las familias de los usuarios fallecidos en las que se les “informa” de la “deuda” contraída con la Diputación.
El TSJ tumba un auto anterior de la Audiencia Provincial
Según ha explicado Rico, la sentencia, que tumba un auto anterior de la Audiencia Provincial, “desestima la cuestión de ilegalidad”, ya que entiende que la disposición transitoria incluida en la ordenanza de precios y sobre la que se sustentan las liquidaciones “no es contraria al principio de retroactividad” contemplado en la Constitución. Esto es, que según el TSJ, las cartas que en los últimos meses está enviando la Diputación a los familiares de los antiguos residentes se ajustan a derecho. Otra cosa es que sean “justas”, según el PSOE.
En este sentido, el portavoz de los socialistas en la Diputación, David Jurado, ha acusado al Equipo de Gobierno de “esconder una trampa” en la ordenanza reguladora de los precios que fue consensuada entre los dos principales partidos en la Diputación durante la pasada legislatura. Dicha “trampa” es la mencionada disposición transitoria que da cobertura a la solicitud de pagos extraordinarios a los familiares de los residentes una vez que éstos hubieran abandonado la residencia (por fallecimiento u otras causas) para cubrir la diferencia entre lo pagado y lo que en realidad cuesta el servicio. Una liquidación que, según Jurado, puede ser legal, pero “es una injusticia”.
Carta no informativa
De hecho, aunque sea legal requerir el pago de esa “deuda”, el abono no es obligatorio. Sin embargo, las cartas que se han ido remitiendo en los últimos meses (más de 400 según el PSOE) son bastante “ambiguas” y no meramente informativas. A este respecto, ha criticado Jurado, en las misivas aparece un número de cuenta en el que muchos familiares ya han pagado el dinero solicitado, a pesar de no ser obligatorio.
Por eso, los socialistas, con el apoyo de Imagina Burgos, han exigido al Equipo de Gobierno la paralización inmediata de los envíos de las cartas y la devolución de aquellas cuantías que hubieran sido ya pagadas. Una exigencia que ha sido rechazada por el Ejecutivo provincial, cuyo portavoz ha instado a todos los grupos a sentarse a valorar el alcance de la sentencia del TSJ para poder obrar en consecuencia a futuro. Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido, también a la espera de analizar la sentencia.
