El PSOE quiere dejar sin efecto las “cartas-deuda” enviadas a los usuarios de residencias
Los usuarios de residencias de ancianos o los familiares de estos llevan meses recibiendo unas notificaciones en las que se exigen pagos declarados por un juez “ilegales”
Los socialistas instarán a la Diputación en el próximo pleno a paralizar el envío de “cartas-deuda”, modificar la última ordenanza y anular y devolver los pagos ya realizados
El Partido Socialista quiere “evitar males mayores” y pedirá en el próximo pleno de la Diputación al Equipo de Gobierno que retire de todo efecto las calificadas por David Jurado, portavoz del grupo socialista, “cartas-deuda”, después de que el Tribunal Contencioso-Administrativo de Burgos declarase, una de ellas, ilegal.
Esta resolución llegó el pasado mes de enero y dio respuesta a la denuncia presentada por uno de los destinatarios de esas cartas en las que se exige el pago de una liquidación complementaria a los usuarios de las residencias de ancianos gestionadas por la Diputación o a sus familiares por causa de una “trampa política”, según Jurado, en la puesta en marcha de la nueva ordenanza reguladora del precio público de este servicio.
Cerca del 50% han recibido estas cartas, con cuantías que oscilan entre los 500 y los 103.000 euros
El portavoz socialista asegura que 435 usuarios han recibido la reclamación de este pago a través de una carta que los ‘populares’ calificaron de “informativa”, pero que en su encabezado aporta el número de cuenta en el que se debe hacer el ingreso de la cantidad reclamada. Se trataría de cerca del 50 por ciento de los residentes, ya que las cifras que suman las cinco residencias de ancianos propiedad de la Diputación cuentan con más de 800 usuarios.
Además, las cantidades son más que relevantes, más si cabe para las personas que acuden a este servicio por tener un precio notablemente inferior al de una residencia de titularidad privada. En este sentido, según Jurado se han encontrado con “cartas-deuda” de entre 500 y 103.000 euros.
Así las cosas, los socialistas pedirán en el próximo pleno que se paralice el envío de estas notificaciones, el cual se ha mantenido a pesar de la sentencia hecha pública el pasado mes de enero, que derogue la Disposición Transitoria Única de la ordenanza reguladora del precio público y que anule las solicitudes de estas liquidaciones y devuelva el dinero a los usuarios que ya han pagado las cantidades solicitadas.
