El derribo de las casas de Villaverde lleva a Martín Bellostas ante los tribunales
El alcalde tendrá que declarar el 26 de junio ante la apertura de diligencias previas por una querella por prevaricación y malversación
Se ha denunciado el proyecto de demolición de las viviendas de Villaverde Peñahorada, asegurándose que no se ejecutó en su totalidad
Los hechos expuestos hacen “presumir” a la juez la “posible” existencia de un delito y abre una investigación para determinar si hay caso
Las viviendas “ilegales” de Villaverde Peñahorada vuelven a ser objeto de conflicto judicial. En este caso, el derribo acometido en noviembre de 2014 ha dado pie a una querella por un supuesto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental, que ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos. A través de un auto fechado el 11 de mayo, la juez ordena abrir diligencias previas que obligarán al alcalde de Merindad de Río Ubierna, Raúl Martín Bellostas, a prestar declaración en los tribunales.
La querella la ha interpuesto la empresa Pemaanbur, vinculada a la firma Redebur S.L, a la que se concedió en origen la licencia para levantar las 11 viviendas que luego fueron declaradas “ilegales”. En cumplimiento con la sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2009, el Ayuntamiento derribó los dos bloques de viviendas en noviembre de 2014. Para ello, se elaboró el correspondiente proyecto de demolición y se valoraron los trabajos en alrededor de 76.000 euros.
La denuncia afecta al alcalde, la Junta de Gobierno Local, el arquitecto y la empresa
Pemaambur basa su denuncia en que no se ha ejecutado al completo el proyecto de demolición, no habiéndose eliminado los cimientos de las viviendas. Sin embargo, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a las obras realizadas por la empresa Excavaciones Mikel S.L y ha pagado según estaba estipulado en el contrario. Tras un primer análisis de los hechos, la juez del Juzgado de Instrucción nº 2 reconoce que estos “hacen presumir” una “posible” existencia de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Por ese motivo, se decide incoar diligencias previas e iniciar una investigación. Se llamará a declarar, a fin de determinar si existe realmente caso o no, a Martín Bellostas y a José Miguel Saiz y José María del Olmo, como miembros de la Junta de Gobierno Local que autorizaron el pago de los trabajos. También al arquitecto José Javier González, que visó el proyecto y la ejecución del mismo. Y, finalmente, a los responsables de la empresa encargada de la demolición. Los primeros tendrá que declarar el próximo 26 de junio.
Coleando desde 2005
El caso de las viviendas de Villaverde Peñahorada viene de lejos. El Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna concedió en 2005 una licencia para la construcción de 11 viviendas, sobre la base de las normas urbanísticas de 1994. Sin embargo, para ese momento ya habían entrado en vigor las nuevas normas de planeamiento, de ahí que una primera sentencia de 2006 declarase nula la concesión, obligando al derribo de las viviendas. La sentencia quedó ratificada tres años después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
