IU exige a la Junta iniciar la construcción del centro de salud García Lorca
El procurador autonómico de IU, José Sarrión, presenta una proposicion no de ley en las Cortes para exigir a la Junta la ejecución del nuevo centro de salud García Lorca
Esta exigencia se suma a las elevadas ya durante los últimos meses
El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha presentado esta mañana una proposición no de ley a la Comisión de Sanidad de las Cortes Autonómicas para instar a la construcción, durante la presente legislatura, del futuro centro de salud García Lorca. De esta forma, Sarrión ratifica por vía oficial la exigencia que planteó durante su visita al Hospital Universitario de Burgos hace apenas unos días.
En este sentido, el procurador autonómico ha solicitado incorporar el proyecto al ya anunciado Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, y destinar una partida específica en los presupuestos de Castilla y León para este año, tal y como ya solicitaron hace apenas unas jornadas los corporativos municipales, que apoyaron por unanimidad una proposición elevada al pleno por el PSOE pidiendo exactamente lo mismo.
Tal y como ha subrayado Sarrión, el actual centro de salud García Lorca, habilitado en 1986 con carácter “temporal”, se encentra en unas condiciones “deplorables”. “30 años después de su apertura continúa con una serie de problemas; denunciados por trabajadores y asociaciones de vecinos”, apunta Sarrión. No en vano, el centro de salud da cobertura a una de las zonas más populosas de Gamonal y presta servicio a casi 20.000 personas, lo que le sitúa en la primera línea de fuego de la Atención Primaria.
Muchas peticiones
Por todos estos aspectos, hace ya varios años comenzó a plantearse la necesidad de levantar un centro de salud con carácter permanente en la zona. Para ello, el Ayuntamiento cedió años atrás una parcela a la Junta de Castilla y León, que tras muchos dimes y diretes aún no ha movido la ficha definitiva. De hecho, en los presupuestos de 2016 sólo se contempla una partida de 20.000 euros, destinados en teoría a la redacción de un modificado del último proyecto, pero nada más. Por eso, en los últimos meses, colectivos sociales y organizaciones políticas han vuelto a poner la exigencia sobre la mesa.
