Ramírez reclama una instrucción para contratar con criterios sociales
La concejal socialista exige que se convoque la mesa de trabajo para elaborar la nueva normativa antes del 31 de mayo
Recuerda que el pleno ha aprobado en varias ocasiones apostar por una contratación socialmente sostenible
Se trataría de incluir empresas de comercio justo, de inserción y centros especiales de empleo en los contratos
Las empresas de comercio justo también deberían participar de la contratación. IAC
Cuatro años después de que se aprobase en pleno una proposición destinada a impulsar el concepto de economía social en la contratación municipal, el Ayuntamiento de Burgos sigue sin disponer de una instrucción que regule la presencia de empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas de comercio justo en sus contratos. Por ese motivo, el Grupo Municipal Socialista exige que se convoque antes del 31 de mayo la mesa de trabajo para comenzar a elaborar esa normativa que permitiría una contratación socialmente sostenible.
La concejal Mar Ramírez ha lamentado la “dejadez” y la “inacción” del Equipo de Gobierno, si bien ha reconocido que no solo se trata de una cuestión política o administrativa, sino que es también una “cuestión ideológica“. Y en el “ADN del PP no están los valores sociales de los principios económicos”, ha asegurado. No creen en la sostenibilidad, la transparencia o la eficacia de la contratación de economía social, ni en valores como la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la justicia y la igualdad, que deberían estar presentes en la contratación pública.
La socialista ha recordado que el próximo 18 de mayo Burgos recibirá el reconocimiento de ciudad por el comercio justo, pero de nada sirven estos galardones si no se trabaja de manera efectiva. “Vamos a dejar de coleccionar títulos y distinciones”, ha asegurado, para ponerse a trabajar en la elaboración de esa instrucción que concrete qué parte del presupuesto municipal se destinaría a estos contratos o cómo incluir cláusulas favorables a las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las empresas de comercio justo en los concursos.