Diputación defiende la reclamación de las deudas a los usuarios de las residencias
El Ejecutivo Provincial asegura que el requerimiento de las deudas generadas por los usuarios de las residencias de ancianos es legal
Mínguez reconoce que la gran mayoría de esos requerimientos se quedan sin pagar
Muchos usuarios de las residencias de ancianos de la Diputación Provincial están recibiendo en las últimas jornadas sendas cartas mediante las que se les informa de la deuda contraída con la institución a raíz de las cuotas de las plazas residenciales, lo que ha provocado una gran polémica entre las familias que hoy ha sido elevada al Pleno por parte del PSOE.
Desde el año pasado se aplican nuevos precios y condiciones en las residencias
El propio portavoz de los socialistas en la Diputación, David Jurado, ya ponía el grito en el cielo el pasado miércoles, anunciando la presentación por escrito de una pregunta a respecto de este tema, que por otra parte ya generó polémica durante la pasada legislatura. Y es que, las deudas exigidas por la Diputación hacen referencia a la diferencia entre lo que son capaces de pagar los usuarios con sus recursos económicos y lo que efectivamente cuesta el servicio.
Esa situación, sumada al propio precio de las plazas y a la ausencia de un criterio coordinado, motivó en 2015 una modificación integral de la ordenanza, que se redactó siguiendo en todo caso las directrices aplicadas por la Junta de Castilla y León en los centros que gestiona. Así, a partir de 2015 se comenzaron a aplicar los nuevos precios y se eliminó la posibilidad de exigir a posteriori la diferencia entre lo pagado y lo que cuesta el servicio.
El problema es que esa ordenanza no anulaba en ningún caso las deudas calculadas por la Diputación con anterioridad, ceñidas, en todo caso, a aquellos residentes que, aun no teniendo capacidad económica circulante, sí tienen patrimonio u otras posibilidades de afrontar esa cuota. Así lo ha recordado hoy el diputado de Bienestar Social, Jorge Mínguez, que ha defendido la legalidad de esos requerimientos. “Los envíos son correctos y están bien hechos”, aunque la nueva ordenanza no contemple esta posibilidad. Además, ha añadido, la práctica totalidad de las deudas requeridas acaban quedándose sin pagar por unas cuestiones u otras.
