Licitada la contratación de la oficina de gestión del ARU de San Cristóbal

El ente gestor del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) de San Cristóbal aprobó ayer sacar a licitación la oficina de gestión por 60.000 euros más IVA

Una vez adjudicada, los proyectos podrían comenzar esta misma primavera

Un paso más. El ente gestor del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) del barrio de San Cristóbal dio ayer luz verde al pliego de cláusulas administrativas que regirán la contratación de la oficina de gestión del ARU, cuya labor resultará fundamental para desarrollar el proyecto en toda su extensión, por cuanto que se encargará de la gestión económica, ejecutiva y contable de las diferentes actuaciones.

La oficina ha salido a licitación por 60.000 euros más IVA

En principio, el contrato, que será efectivo hasta octubre de 2017, ha salido a licitación con un presupuesto de 60.000 euros más IVA, que podría verse reducido en función de las ofertas que se reciban en las próximas dos semanas. En este sentido, el ente gestor ha marcado el 4 de abril como fecha clave del proceso. Antes de ese día, todas las firmas interesadas en asumir la adjudicación deberán presentar sus propuestas para que puedan ser estudiadas cuanto antes. A partir de ahí, el ente gestor decidirá y la oficina podría comenzar a funcionar de manera prácticamente inmediata.

Eso implica que las diferentes actuaciones previstas en el ARU podrían iniciarse de manera efectiva a principios de primavera, tal y como planteó en su día la concejala de Licencias, Ana Bernabé. En este caso, ya se están redactando los diferentes proyectos de rehabilitación de las fachadas de los inmuebles del barrio, que en teoría serán los primeros en ponerse en marcha. Algo más podrían tardar las intervenciones que se están planteando en los espacios urbanos.

7,3 millones

El ARU de San Cristóbal supondrá la inversión total de algo más de 7,3 millones de euros, de los cuales 5,3 millones se destinarán a la rehabilitación de 320 viviendas y 1,7 millones a vías y espacios públicosLa contratación de la asistencia técnica costará otros 300.000 euros. Del global de inversión, 2,5 millones de euros los aporta el Ministerio de Vivienda, mientras que Ayuntamiento y Junta colaboran con 1,7 millones, y los 1,2 millones restantes los ponen los vecinos.