La Junta aprueba varias líneas de ayuda para la contratación de parados
El Gobierno Regional destinará 10M€ a financiar costes de contratación de personas que cobran al Renta Garantizada
Las ayudas están destinadas a municipios de más de 5.000 habitantes y llegarán a Burgos, Miranda, Aranda, Medina y Briviesca
La Junta entregará también 350.000 a la Diputación para que contrate parados para labores medioambientales y forestales
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana una ayuda directa por valor de 10 millones de euros destinada a municipios de más de 5.000 habitantes para la contratación de desempleados preceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para la realización de obras y servicios de interés general y social. En Burgos, las localidades que se beneficiarán de la ayuda son Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca y Medina de Pomar.
Con estos 10 millones de euros de crédito autónomo se financiarán los costes salariales de las personas contratadas. El importe de la subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días. Los contratos han de formalizarse antes del 1 de mayo de 2016. Por otra parte se ha fijado un importe máximo por municipio beneficiado que alcanza 1.500.000 euros. La justificación de los contratos deberá realizarse en un periodo no superior a dos meses después de su finalización, con la fecha límite del 31 de diciembre.
Trabajos forestales
Por otra parte, en el Consejo de Gobierno se ha acordado también destinar 3,3 millones de euros a apoyo a la contratación, por parte de las diputaciones, de trabajadores desempleados para la realización de trabajos de mejora medioambiental. Las ayudas irán destinadas a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven de los contratos, y el objetivo último de los mismos es desempeñar labores específicas en materia de prevención de incendios y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental.
La Diputación de Burgos se llevará 350.000 euros. Los contratos serán temporales con una duración mínima de 180 días a jornada completa y deberán formalizarse antes del 1 de mayo. Se priorizará la contratación de jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin formación. También los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares, así como los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones y las personas en riesgo de exclusión social.