Fernández Santos denuncia nuevas irregularidades en el caso del ‘Niño Jesús’
El socialista avanza que la información facilitada a Patrimonio no recogía la modificación del Plan del Centro Histórico
El PSOE presentará mañana las pruebas que demostrarían que los cambios se introdujeron “con nocturnidad y alevosía”
Lleva al Pleno Ordinario una proposición para exigir la reversión de la protección de los tres edificios de uso educativo
Los socialistas también pedirán que se anule la contratación de una candidata del PP para labores de Protocolo
El 'Niño Jesús' se trasladó a las nuevas dependencias este pasado verano. PCR
El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno Ordinario de mañana viernes una proposición para “revertir” la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que retiró la protección estructural a los edificios del antiguo colegio ‘Niño Jesús’. El objetivo es impedir un “pelotazo urbanístico” que, a juicio de Antonio Fernández Santos, facilitó el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular con “nocturnidad y alevosía”. Y es que el socialista dispone de pruebas que demuestran que los cambios registrados no se hicieron de una manera “clara”.
Si bien es cierto que el PSOE ofrecerá toda la información con la que cuenta para realizar estas acusaciones durante la sesión plenaria, Fernández Santos ha avanzado algunas de esas pruebas. La primera se refiere a la información que se le facilitó a la Comisión de Patrimonio. El órgano municipal solicitó informe sobre posibles modificaciones el Plan Especial del Centro Histórico y lo que se remitió desde el equipo redactor del PGOU fue el mismo plano que se incluía en el anterior Plan General, ha asegurado el socialista.
El plano no incluía los cambios, que sólo aparecían en la ficha urbanística
Es decir, los cambios en la protección del ‘Niño Jesús’ no quedaron reflejados en el plano, sino que se incorporaron a la propia ficha urbanística, “metiendo una línea”, ha insistido Fernández Santos. Así que la modificación se tramitó “a escondidas” y, además, sin ningún tipo de informe que la justificase. El concejal ha recordado que las propietarias de los edificios presentaron dos sugerencias para rebajar la protección del colegio y permitir su conversión a un uso residencial y terciario.
En sendas ocasiones se rechazaron las sugerencias. Sin embargo, cuando estas se presentaron mediante alegación, fueron aceptadas parcialmente. Y no se cuenta con ningún informe que explique en base a qué se tomó esa decisión y quién la autorizó. Y así se pone de manifiesto en el propio informe elaborado por Fomento, ha asegurado el concejal. Los técnicos municipales traspasan la responsabilidad al equipo director, como también insistían hace unos días desde Imagina Burgos.
Repercusiones jurídicas
Por todo ello, el PSOE reclamará una modificación puntual del PGOU que permita recuperar la protección estructural para los edificios. Dos de ellos, los que miran hacia el Arlanzón, contarían ahora con una protección ambiental, mientras que el tercero ha quedado libre y es donde se proyectaría construir un bloque de 8 plantas. Desde el Equipo de Gobierno no han querido valorar la propuesta, aunque Gema Conde ha recordado que se trata de un asunto en el que cualquier decisión tendrá una “repercusión jurídica” que hay que tener en cuenta.
“Nosotros sólo tenemos confianza en los funcionarios de la Corporación”
Además, los socialistas presentarán otras dos proposiciones al Pleno. La primera solicitará la reversión de la contratación de un eventual para labores de Protocolo y Relaciones Institucionales. Antonio Fernández Santos ha recordado que el Equipo de Gobierno ha utilizado una plaza de administrativo a media jornada, cargo de confianza del Partido Popular, para contratar a la que fue candidata del PP en las listas de Los Balbases, haciéndola responsable de unas tareas que son municipales.
“Nosotros tenemos confianza en los funcionarios de la Corporación, no en aquellos que pone a dedo el alcalde”, ha insistido el socialista. De ahí que se solicite que se dé marcha atrás en la contratación, insistiendo que si se hace necesario contar con personal para Protocolo se destine a un empleado público del Ayuntamiento o se saque la correspondiente plaza pública. La tercera proposición va destinada a pedir la inclusión de las empresas de inserción y centros especiales de empleo en la contratación municipal a través de la reserva de contratos.
