La UTE del Bulevar solo recibirá 269.000 euros por la suspensión de las obras

Los técnicos reconocen una indemnización por el 6% del coste de las obras que no se llegaron a ejecutar

Desestima las peticiones relativas a beneficio de explotación del parking y daños, perjuicios y gastos varios

Fernández Santos insiste en que deben pagar aquellos que decidieron rescindir el contrato unilateralmente

El Consejo de la Gerencia de Fomento ha aprobado esta mañana la resolución del contrato de las obras del aparcamiento y el bulevar de la calle Vitoria, así como la liquidación del mismo. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos, el Ayuntamiento de Burgos sólo abonará a la UTE Copsa-Aroasa, adjudicataria de los trabajos, algo más de 269.000 euros, una cantidad que corresponde al 6 por ciento del beneficio industrial que habría dejado de ingresar por la parte del proyecto que no se ejecutó.

El concejal de Infraestructuras, Jorge Berzosa, ha explicado que los jurídicos consideran que la UTE no tienen derecho a ningún otro tipo de indemnización. De este modo, se desestima la solicitud de 272.000 euros en concepto de beneficio por explotación de aparcamiento no disfrutado, y la demanda de más de 900.000 euros por daños, perjuicios y gastos varios. Los informes recuerdan que las obras se suspendieron parcialmente, dado que se ejecutaron intervenciones como la urbanización de Doña Constanza o la glorieta de Juan Ramón Jiménez.

La empresa llegó a solicitar 1,6 millones en varios conceptos de indemnización

La resolución y liquidación del contrato, que deberá ser ratificada en la Junta de Gobierno Local de este jueves, llega más de dos años después de que las obras del bulevar de la calle Vitoria tuviesen que paralizarse tras una fuerte protesta vecinal. Dado que las decisión de rescindir el contrato fue unilateral, es decir, del Ayuntamiento sin pactarlo con la UTE, la empresa llegó a solicitar una indemnización de 1,6 millones de euros. Los jurídicos no han considerado que tuviese ese derecho, así que sólo se pagarán esos 269.000 euros.

A los tribunales

Eso sí, tras la aprobación en Junta de Gobierno se abrirá un periodo de alegaciones. Superado ese trámite, el único recurso que le quedaría a la empresa es acudir al Contencioso-Administrativo, ha recordado Berzosa. De todos modos, en el Ayuntamiento aseguran que están tranquilos, dado que la decisión se ha tomado bajo el amparo de la ley y con “bastantes argumentos” que la sustentan. La suma de Partido Popular y Ciudadanos ha permitido aprobar esa resolución y liquidación del contrato, que ha contado con los votos en contra del PSOE e Imagina.

El concejal Antonio Fernández Santos ha vuelto a pedir que sea Javier Lacalle, el alcalde, y “los que decidieron rescindir el contrato de manera unilateral” los que paguen la indemnización. El socialista ha insistido en que “sería lo justo”, dado que el Equipo de Gobierno se negó a escuchar a grupos municipales y a vecinos cuando le pedían que suspendiese las obras. Sólo tomó la decisión obligado por la cúpula nacional del Partido Popular y, en lugar de negociar con la UTE, optó por una rescisión unilateral, ha insistido.