Los pueblos temen la “eliminación de servicios básicos” con la nueva Ley
La reagrupación de los pueblos en 25 unidades básicas no combate el principal mal de la comunidad, la despoblación, alertan desde el Partido Castellano
La formación ha organizado una jornada para evaluar los cambios que supondrá la implantación de la Ley de Ordenación del Territorio
Luis Marcos, secretario de Organización del PCAS, se dirige a los presentes. IAC
Varios alcaldes de pequeños municipios de la provincia se han reunido esta mañana para hablar de la Ley de Ordenación del Territorio impulsada por la Junta de Castilla y León y ante la que se muestran preocupados por el futuro del medio rural, tal y como hoy lo conocemos. La jornada, organizada por el Partido Castellano (PCAS), ha servido para tratar de trasladar al modelo real la implantación de esta nueva Ley.
Marcos: “Es una oportunidad perdida para luchar contra la despoblación”
Para Luis Marcos, secretario de Organización del PCAS, la nueva legislación “es una oportunidad perdida para luchar contra la despoblación”, principal problema que siempre aparece cuando se habla del medio rural. Según Marcos, esta Ley no tiene un objetivo claro e implanta unidades burocráticas alejadas de la realidad de los municipios. Con esta idea ha coincidido Florencio Ruiz, alcalde de Valle de Valdebezana, quien ha asegurado que “la ley se ha elaborado sobre criterios teóricos y sin conocer la realidad de los pueblos con una población cada vez menor, envejecida y dispersa”.
Es por ello que algunos alcaldes están preocupados por que su implantación termine significando la eliminación de servicios básicos, al reagrupar los municipios en núcleos mayores que centralizan la Sanidad o la Educación. Según ha explicado Marcos, la intención de la Junta es dividir la provincia en 25 unidades básicas, algo que bajo su criterio no permite generar una dinámica de regeneración económica y demográfica, al no contar con población suficiente.
Por ello, el PCAS apuesta más por establecer nueve comarcas en toda la provincia, tres de ellas eminentemente urbanas, que tengan competencias reales en el territorio, heredadas de la Junta de Castilla y León y la Diputación, administración, esta última, que no tiene cabida en el nuevo modelo de los castellanistas.
Actualmente, el texto atraviesa su última fase de alegaciones, después de que el periodo abierto a ciudadanos se cerrase el pasado 31 de diciembre de 2015. Ahora son los municipios los que pueden registrar modificaciones de la Ley.