Viernes Negro vuelve a denunciar las “irregularidades” del Laboratorio Agrario
El movimiento de empleados públicos se dirige a Herrera para pedirle explicaciones por sus denuncias obviadas
Insisten en que el laboratorio está infrautilizado, a pesar de la inversión de casi 3 millones de euros realizada en 2009
Se cuenta con dos contratadas externas que realizan labores ajenas al contrato y que tienen trato preferente
Viernes Negro recuerda que el Procurador del Común considera “graves” sus denuncias y ha pedido explicaciones
El Movimiento Viernes Negro, conformado por empleados públicos de Castilla y León, acaba de remitir un escrito a Juan Vicente Herrera en el que le pide explicaciones ante la falta de respuesta por sus denuncias sobre el Laboratorio Agrario Regional. La Consejería de Agricultura y Ganadería no ha contestado a ninguno de los escritos presentados, el primero en 2014, pero tampoco lo ha hecho ante la resolución emitida por el Procurador del Común, quien considera que los hechos denunciados son de “especial gravedad” y requerirían, precisamente, de una explicación por parte de la Junta.
El nuevo edificio lleva seis años vacío y el trabajo se realiza en las viejas instalaciones
Viernes Negro insiste en que existen muchas “irregularidades” en torno al Laboratorio Agrario Regional, ubicado en Burgos. Para empezar, la instalación estaría “infrautilizada”, con un uso del 25 por ciento, a pesar de la importante inversión de casi 3 millones de euros que se realizó en 2009. De hecho, el nuevo edificio que se construyó está vacío y el trabajo se continúa llevando a cabo en las antiguas dependencias, recuerda el Movimiento. Además, la plantilla de 11 técnicos, 8 analistas y 2 auxiliares de laboratorio no está cubierta al 100 por cien. Existen tres vacantes, pero se cuenta con dos contratadas externas desde hace más de 7 años.
Se trata de dos empleados de TRAGSA, inicialmente contratados para asistencia técnica, que realizan labores propias del laboratorio, aseguran desde Viernes Negro. A juicio del colectivo, el personal tiene la “cualificación técnica y profesional” necesaria para realizar ese trabajo, así que no existe razón alguna que justifiquen esas encomiendas. Asimismo, el Movimiento denuncia un trato discriminatorio de la dirección, nombrada “a dedo” en 2014, afirman, a favor de las empleadas externas. Hablan de preferencia en la utilización del instrumental o la recepción de equipos de protección.
“Colisión de intereses”
Otra de las denuncias de Viernes Negro se centra en una posible “colisión de intereses” entre el Laboratorio Agrario Regional y la instalación privada Laboratorio Agroambiental de Castilla y León, ambos ubicados en Burgos. Este segunda, además, estaría dirigido por una de las técnico contratadas a través de Tragsa. Desde el Movimiento temen que el centro público pueda acabar desapareciendo, en beneficio del privado, teniendo en cuenta su grado de infrautilización y la caída espectacular de clientes. Se ha pasado de los 300 acumulados entre 1997 y 2005 a los escasos 8 del periodo 2006 a 2015.
La Junta ofreció unas primeras explicaciones, pero el Procurador del Común quiere más
El Procurador del Común recibió todas estas quejas y sospechas en 2014, ante lo que solicitó explicaciones por parte de la Junta de Castilla y León. Si bien es cierto que la Consejería remitió dos informes, estos fueron recurridos por Viernes Negro, con una “réplica debidamente motivada”, reconoce el Procurador del Común. De ahí que pedir mayor información para poder valorar las denuncias presentadas por el colectivo. Sin embargo, la Consejería no ha vuelto a contactar con la entidad, y ni siquiera ha constatado a la resolución remitida en abril de 2015.
En ella, se pide a la Junta que “adopte las medidas pertinentes para garantizar más eficacia en la prestación del servicio”, cubriendo los puestos vacantes y optimizando las instalaciones. Asimismo, el Procurador del Común le reclama que dé respuesta formal a los escritos presentados por Viernes Negro. Y es que el propio órgano regional considera que sus denuncias son de “especial gravedad”, al hablarse sobre todo de la existencia de personal externo que realiza labores “ajenas a su contrato”, “discriminación” de la plantilla pública y “presuntas conexiones irregulares” entre dos laboratorios