El PSOE registra en el Congreso una iniciativa a favor del cierre de Garoña
Los socialistas han presentado una proposición no de ley en la que se incluye también un plan de reindustrialización
Apuestan por modificar el Real Decreto que permitió a Nuclenor solicitar la renovación de la licencia en 2014
Esther Peña insiste en que un Gobierno en funciones no puede tomar una decisión sobre el futuro de la planta
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria a favor del cierre definitivo de Santa María de Garoña y de la puesta en marcha de un plan de actuación industrial y adaptación económica para las comarcas de Las Merindades, Miranda de Ebro y Bureba. Tras el anuncio realizado ayer por la diputada Esther Peña, los socialistas han presentado una proposición no de ley (PNL) en la que, además, advierten de que un “Gobierno en funciones no puede tomar ninguna decisión sobre el futuro de la planta”, ya que “existe una nueva mayoría parlamentaria que quiere que se cierre”.
Con esta PNL, el PSOE insta al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso abierto en relación con la solicitud de renovación de licencia por parte de Nuclenor, propietaria de la central burgalesa. Los socialistas plantean derogar aquellas disposiciones del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que permitió, con un modificado “ad hoc” del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas (RINR), la solicitud de renovación de Garoña, a pesar de que la planta había entrado en situación de cese definitivo en julio de 2013.
En la proposición, el Partido Socialista explica que esa modificación del RINR se realizó para permitir que Nuclenor pudiera solicitar una renovación de explotación en vez de tener que solicitar, como correspondía, una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, en particular, una Declaración de Impacto Ambiental. Además, los socialistas plantean someter el Consejo de Seguridad Nuclear al control del Parlamento, sin descartar una comparecencia de sus máximos responsables en las Cortes Generales.
