El PCAS presenta 13 alegaciones al presupuesto de la Diputación
La formación plantea crear una nueva partida de 10 millones de euros para financiar políticas sociales y públicas contra la despoblación
Quiere incrementar el Plan de Empleo y el Servicio de Asesoramiento a Municipios, así como habilitar un programa de mejora del acceso a internet
Los castellanistas proponen recortar en gastos de representación, publicidad, dietas, salarios de altos cargos o complementos a prejubilaciones
Luis Marcos ha estado acompañado por otros miembros de la formación. PCR
El Partido Castellano (PCAS) aboga por la desaparición de las diputaciones provinciales, una institución que consideran “obsoleta y decimonónica”, pasando sus responsabilidades y presupuestos a mancomunidades “fuertes”. Sin embargo, no por ello la formación deja pasar sin alegar los presupuestos de la Diputación de Burgos para el 2016. Los castellanistas han presentado 13 alegaciones a unas cuentas que fueron aprobadas provisionalmente a finales de noviembre, con los votos del Partido Popular y Ciudadanos, con el objetivo de contribuir a una mejora en el funcionamiento de la institución provincial.
Marcos insiste en la necesidad de invertir para repoblar los municipios con gente joven
Para empezar, el PCAS propone la creación de una nueva partida económica, dotada con 10 millones de euros, para financiar políticas públicas y sociales que ayuden a repoblar nuestros municipios con gente joven, explica Luis Marcos. Se trata del movimiento económico más importante de ese grupo de alegaciones, asegura el secretario de Organización, pero no el único. Los castellanistas plantean duplicar, llegando hasta los 5 millones de euros, el Plan de Empleo de la Diputación y los fondos de apoyo al emprendimiento y la creación de empresas en el medio rural.
Igualmente, Marcos apuesta por eliminar las partidas de libre disposición de fondos discrecionales, de tal modo que los recursos puedan ir destinados a empleo, obras, medio ambiente, tratamiento de aguas, carreteras, acción social, residuos… Desde la formación calculan que, con esta modificación del presupuesto, se contaría con 30 millones de euros extra que irían directamente destinados a los municipios, en lugar de utilizarse por el presidente de la Diputación para “premiar a aquellos que son sumisos y castigar a los que son díscolos” comenta Marcos.
Ahorros
En las alegaciones se encuentra también la propuesta de reducir en un 20 por ciento las partidas vinculadas a gastos de representación, publicidad y propaganda y otros “despilfarros y derroches”, lo que permitiría rescatar alrededor de 20 millones de euros. El PCAS sacaría otros 500.000 euros del capítulo de Personal, por eliminación de complementos a prejubilaciones, reducción de salarios a altos cargos y dietas. Un dinero que bien se podría destinar, asegura Marcos, a incrementar la partida de asesoramiento a municipios, para que todos tuviesen acceso gratuito a un asesoramiento técnico suficiente.
El PCAS quiere que se cree una mesa negociadora sobre competencias impropias
La formación plantea también destinar 1 millón de euros a un programa para implantar acceso a internet de calidad y recepción de móvil y televisión en todas las localidades, y otro millón a protección y rehabilitación de patrimonio cultural, medioambiental y etnográfico. Para el PCAS es fundamental que la Diputación elimine sus organismos autónomos, como SODEBUR o el IDJ, y exija la creación de una mesa negociadora con el Gobierno y la Junta para acabar con las competencias impropias, que le suponen alrededor de 20 millones de euros de sus presupuestos anuales.
El secretario de Organización insiste en que es fundamental realizar una auditoría interna de la Diputación, para estudiar contratos, adjudicaciones y gastos realizados entre 1999 y 2015. La formación quiere saber si se han realizado de conforme a la ley, explica Luis Marcos. Finalmente, el PCAS propone que se realice un proceso de participación ciudadana par que sean los vecinos y los municipios los que determinen el destino de las ayudas e inversiones de la Diputación, y reservar una partida de 1 millón de euros para comenzar el proceso “paulatino” de territorialización de infraestructuras y servicios.
