Tres años después, Garoña continúa pendiente de su posible reapertura
La central nuclear de Santa María de Garoña cumplió esta semana tres años desde que Nuclenor decidiera desconectarla de la red eléctrica
La empresa continúa trabajando para cumplir los requisitos impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear para obtener la licencia hasta 2031
La instalación ha sido fuente de conflicto en la campaña electoral
Esta semana se cumplieron tres años desde que Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, decidiera apagar el reactor y desconectar la planta de la red eléctrica. Fue un 16 de diciembre de 2012 cuando la compañía, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, pulsara el ‘off’ con motivo de la inminente entrada en vigor de los nuevos impuestos planteados por el Ejecutivo de Rajoy para gravar el almacenamiento de residuos. La aprobación de esas tasas supuso entonces la puntilla para una central que ya tenía sobre la mesa la orden de cierre firmada por Zapatero, prevista para julio de 2013.
Nuclenor desconectó la central de la red eléctrica en la madrugada del 16 de diciembre de 2012
Nuclenor desconectó la central de la red eléctrica en la madrugada del 16 de diciembre de 2012
Desde entonces, la instalación ha permanecido desconectada, sin producir electricidad, pero la empresa no ha parado. Y es que, lejos de darse por vencida ante el complejo escenario que se le había planteado, la firma energética decidió echar el resto en busca de una nueva licencia. Para ello, Nuclenor aprovechó un cambio normativo redactado ex profeso para permitir la solicitud de nuevas licencias a instalaciones que ya habían echado anteriormente el cierre. Hasta ahora, todas las licencias eran prórrogas.
En ese escenario, Nuclenor echó un órdago a la grande en mayo de 2014, presentando una ambiciosa solicitud que planteaba una operativa hasta 2031. Vamos, que la empresa quiere mantener Garoña abierta hasta los 60 años de vida, un horizonte barajado ya en otros países para instalaciones de este tipo, pero que levantó mucha polémica entre numerosos sectores de la sociedad.
Numerosos requisitos
A partir de ahí, arrancó un proceso que aún hoy continúa abierto. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), blanco de numerosas críticas en los últimos meses por la influencia directa de los partidos políticos dentro de su directiva, puso sobre la mesa las condiciones que tenía que cumplir Garoña para volver a operar. Y no eran pocas, ni, en muchos casos, fáciles de cumplir. El reciente accidente de Fukushima y los nuevos planteamientos de la Unión Europea en materia nuclear llenaron de exigencias la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) emitida por el CSN.
El CSN ha planteado nuevos requisitos para conceder la licencia
El CSN ha planteado nuevos requisitos para conceder la licencia
Entre los requisitos más importantes destaca la implantación de varias modificaciones de diseño, como la instalación de un Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), la puesta en funcionamiento de un sistema de venteo filtrado para despresurizar y mantener la integridad estructural de la contención, y la instalación de nuevos equipos recombinadores de hidrógeno en el edificio del reactor para evitar explosiones de este gas.
El 30 de septiembre de 2014, Nuclenor presentó toda la documentación requerida, en la que se contemplaba el calendario de cumplimiento de todas las exigencias, para su estudio por parte del CSN, un proceso que aún hoy continúa abierto. De hecho, varias han sido las voces -sobre todo de los grupos ecologistas- que han denunciado una maniobra política en el seno del Consejo encaminada a emitir el dictamen antes de las elecciones para que el Gobierno del PP, afín a la energía nuclear, diera el sí quiero y garantizara la continuidad de la central antes de un posible cambio político. Finalmente, ese dictamen no ha llegado, y tendrá que ser el próximo gobierno el que tome la decisión en base al informe del CSN. Si el organismo regulador dice que la operación no es segura, Garoña deberá echar el cierre definitivo. En caso contrario, el Ejecutivo tendrá luz verde para hacer lo que estime oportuno.
Algunos varapalos
La CNMC multó con 18 millones de euros a Nuclenor por apagar la central sin previo aviso
La CNMC multó con 18 millones de euros a Nuclenor por apagar la central sin previo aviso
Además, durante este periodo, Nuclenor ha tenido que afrontar dos fuertes varapalos. El primero llegó de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en 2014 multó con 18 millones de euros a la empresa por apagar la central sin previo aviso. El segundo llegó hace apenas unas semanas, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que tiempo atrás incrementó sus exigencias para renovar la licencia de uso y vertido de aguas al Ebro.
Sea como fuere, la central del Valle de Tobalina ha entrado de lleno -una vez más- en la campaña electoral, con cruce de acusaciones, críticas y posturas de todo tipo, desde el rechazo absoluto del PSOE, Podemos e Unidad Popular, hasta las dudas de Ciudadanos en torno a la longevidad del parque nuclear, pasando por el apoyo incondicional del PP.
Dudas
Los ecologistas siguen cuestionando la independencia del CSN
Los ecologistas siguen cuestionando la independencia del CSN
Por su parte, los grupos ecologistas continúan desarrollando su particular lucha contra Garoña. Y es que, tal y como ha señalado esta semana Greenpeace, la planta burgalesa, “la más vieja de la UE”, es “absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español”. Prueba de ello, insisten, es que lleva tres años sin aportar producción y no ha habido problemas de suministro de ningún tipo. En este sentido, además, en Greenpeace continúan con la mosca detrás de la oreja. Y es que, a pesar de que el dictamen del CSN no llegará antes de las elecciones, sí que podría hacerlo antes del 13 de enero, cuando tome posesión el nuevo gobierno.
De esta forma, advierten, el ejecutivo en funciones podría tomar una decisión que condicionara todo el escenario, ya que un beneplácito ministerial abriría las puertas a Nuclenor para “reclamar pérdidas por lucro cesante en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica”.
Empleo
Y mientras tanto, muchas familias siguen pendientes del devenir de todo el proceso. En plena actividad, en la central trabajaban de manera directa más de 700 personas entre personal propio y subcontratas. A todos ellos, había que sumar la ingente cantidad de empleos indirectos que generaba en el entorno de influencia, que disparaba el volumen de trabajadores a más de un millar. Ahora, sin embargo, sólo los empleados de Nuclenor y de alguna subcontrata continúan trabajando a la espera de una hipotética reapertura o el cierre definitivo.