El Ayuntamiento tendrá que asumir la demolición del edificio de Plaza Vega
El Consistorio realizó la intervención de manera subsidiaria, con intención de cargarle el coste a los propietarios
A pesar de contar con informes favorables, Dolores Calleja se negó a realizar el pago de la factura de 27.551
Los vecinos han recibido ahora la reclamación municipal, pero alegan que la factura ha prescrito
El Ayuntamiento de Burgos deberá hacer frente al coste de la demolición de los edificios situados en la esquina de la Plaza Vega y Calle Calera, intervención realizada en 2008 dentro del proyecto de ampliación de la calle Valladolid. En concreto, las arcas municipales tendrán que soportar 27.551 euros porque la reclamación del pago a los propietarios del edificio ha “prescrito”. Al menos así lo aseguran los vecinos, en respuesta a la reclamación tramitada este año por el Consistorio, y así también lo consideran desde el PSOE, formación que ha denunciado los hechos.
El concejal Antonio Fernández Santos ha asegurado que la responsabilidad última de lo ocurrido la tiene la exconcejal Dolores Calleja, titular durante el último mandato del área de Licencias. Debido a los problemas con los que se encontró el Ayuntamiento para desarrollar su proyecto, se optó por acometer la demolición de manera subsidiaria. Es decir, el Consistorio contrataba los trabajos, pero pasaba la factura a los propietarios. Y es que el inmueble fue declarado en ruina, lo que se unió a la previsión recogida en el PGOU de derribo para acometer el retranqueo de la calle, y contó con una fuerte oposición de los vecinos.
De acuerdo con el expediente, la factura le llegó al Ayuntamiento en 2012 y, aunque todos los informes técnicos respaldaban su abono y posterior traspaso a los propietarios, Calleja “decidió que no se pagaba”. Así se recoge también en un informe del jefe de Licencias, ha explicado Fernández Santos, en el que asegura que Intervención dio el visto bueno al pago en 2014, pero que éste no se había producido por orden directa de Calleja. Y ahora, cuando se ha intentado pasar la factura a los vecinos, estos alegan que ha prescrito. Una alegación que en el PSOE también comparten y que obliga al Consistorio a pagar esos 27.551 euros.