La oposición exige una definición clara de las competencias de la Diputación
PSOE, Imagina Burgos y Ciudadanos presentarán en el pleno de la Diputación de mañana tres propuestas diferentes vinculadas al reparto de competencias
Todos ellos insisten en que ha de ser la Junta la que, al menos, financie las cinco residencias de ancianos, que se comen el 20 por ciento del presupuesto provincial
Las competencias no están claras. Y al final, son los ciudadanos los que pagan por ello. Con esa idea por bandera, los tres grupos de la oposición en la Diputación (PSOE, Imagina Burgos y Ciudadanos) acudirán mañana al pleno provincial con sendas proposiciones destinadas a coordinar y definir mejor las competencias propias de cada administración. Y es que, los más de 20 millones de euros que tiene que apoquinar anualmente la Diputación para sufragar los costes de funcionamiento de las residencias para mayores suponen una carga demasiado pesada para las arcas de la Institución Provincial.
La financiación de las residencias se come la quinta parte del presupuesto de la Diputación
La financiación de las residencias se come la quinta parte del presupuesto de la Diputación
En este sentido, todos los grupos, incluido el PP, insisten en que ha de ser la Junta de Castilla y León la que asuma la gestión -o al menos la financiación total- de las residencias, en cumplimiento de los mandatos competenciales. Sin embargo, de momento, a la Junta si se la ve ni se la espera. En teoría, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entrará en vigor a principios de año, obliga al Gobierno Autonómico a asumir las competencias, pero la última adenda incluida en la normativa permite mantener la situación en un punto muerto mientras se concreta el modelo de financiación autonómica.
Esta adenda ha supuesto un nuevo revés para la Diputación, que lleva muchos años cargando con una competencia impropia millonaria. Por eso, PSOE, Imagina Burgos y Ciudadanos comparten la exigencia de que sea la Junta la que asuma la financiación de la residencias y del resto de los Servicios Sociales provinciales. Eso sí, cada uno apuesta por una vía. Así, el PSOE, por ejemplo, pedirá en el pleno la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que a juicio de David Jurado arrebata competencias haciendo tábula rasa y metiendo todas en el mismo saco. Según Jurado, lo lógico es que los servicios de proximidad sean gestionados por las administraciones más cercanas -ayuntamientos y diputaciones-, pero financiados -esas es la clave- por las comunidades autónomas.
Liberación de competencias
En esta misma línea, pero sin solicitar la derogación de la Ley, se mueve el Grupo Provincial de Ciudadanos, cuyo portavoz, Lorenzo Rodríguez, defenderá mañana una propuesta destinada a exigir a la Junta y al Gobierno que incorpore en los presupuestos de 2017 sendas partidas para que asuman “todas las competencias que les son propias y que actualmente gestiona la Diputación”. Una exigencia que, en este caso, se extiende también en dos ámbitos de colaboración concretos, como son la Escuela de Relaciones Laborales y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que cada año reciben apoyo económico de la Diputación a pesar de que la educación no es una competencia provincial.
Por su parte, Imagina Burgos insistirá en la necesidad de que la Diputación se libere de los gastos que supone la financiación de las competencias impropias a través de una propuesta mediante la que se pretende exigir al Gobierno a que asuma esa financiación de manera subsidiaria en caso de que la Junta no lo haga. Vamos, que las residencias las pague, en todo caso, la administración que más recursos tiene.
