La abstención de C’s permitirá solicitar la dimisión de Gómez en el Pleno
PSOE e Imagina sacan adelante su dictamen, frente a las conclusiones de C’s y PP, en el que se insta a Lacalle a que cese al concejal
Todos los grupos coinciden en que Tesorería estudie el inicio de los expedientes de devolución del dinero cobrado “indebidamente”
C’s quería que se abriese expediente sancionador contra los técnicos y el PP vuelve alegar “buena fe” en el comportamiento de Gómez
La última sesión de la comisión ha tenido lugar esta mañana. PCR
Cinco votos a favor, cuatro votos en contra y dos abstenciones. Con este resultado, PSOE e Imagina han conseguido sacar adelante su dictamen de la comisión de investigación del ‘Caso Gómez’, en el que se pide la dimisión del concejal o, en su defecto, que sea el alcalde, Javier Lacalle, el que le cese de sus responsabilidades municipales. La abstención de Ciudadanos, que ha presentado sus propias conclusiones, ha permitido que sea esta propuesta la que se debata en el Pleno de la próxima semana, dado que Álvarez de Eulate tenía derecho a voz pero no a voto en la comisión. Allí deberá aprobarse por mayoría para que la petición sea efectiva.
Por todos era sabido que PSOE e Imagina volverían a solicitar la dimisión de Gómez. Sin embargo, la postura de Ciudadanos no estaba tan clara. Por ese motivo, el contenido de su dictamen ha llamado especialmente la atención (y no sólo el hecho de que Vicente Marañón asistiese por primera vez a la comisión). La formación naranja solicitaba la dimisión, al considerar “constatada” la existencia de varios viajes en los que tenía cubiertos “al menos” parte de los gastos de manutención y alojamiento, pero había solicitado indemnización cuando los técnicos “han puesto en evidencia la imposibilidad” de optar a la misma en esa situación.
“Es consecuencia de la existencia de la administración paralela y la falta de una correcta fiscalización”
Por ese motivo, Ciudadanos también planteaba que se remitiese al Órgano de Gestión Tributaria toda la documentación relativa a esos viajes, a fin de que iniciasen los expedientes de reintegro del dinero cobrado de manera “improcedente”.Una petición que compartían PSOE, Imagina, Silvia Álvarez de Eulate y hasta el Partido Popular, si bien es cierto que estos últimos la matizaban con un “si procede”. Sin embargo, la última propuesta de C’s es la que ha marcado las diferencias con PSOE e Imagina y la que ha llevado a que se presentasen dos dictámenes independientes.
Los técnicos
La formación naranja quería solicitar el inicio de sendos expedientes sancionadores contra el interventor y la tesorera “a fin de determinar sus responsabilidades en los hechos investigados”. Y es que Gloria Bañeres ha defendido que las comparecencias de los técnicos “han puesto de manifiesto el deficiente control o ausencia de fiscalización efectiva” tanto de las cuentas municipales como de las de la “administración paralela”. La concejal ha insistido en que “quedarnos en Gómez sería quedarnos en la superficie, tenemos que profundizar” y eso pasa por exigir responsabilidades a los técnicos competentes en fiscalización municipal.
Un planteamiento que no compartían ni los concejales del PSOE ni los de Imagina. Daniel de la Rosa ha asegurado que no se puede considerar a interventor y tesorera “cómplices” de Gómez, porque “no tienen la misión” de fiscalizar los viajes. Esa labor depende del político que los autoriza, en este caso Salvador de Foronda, a juicio del socialista Antonio Fernández Santos, quien ha manifestado su “confianza y la del grupo municipal en estos funcionarios“. Un planteamiento que comparten en Imagina, desde donde consideran también esta maniobra un intento de desviar la atención de Gómez.
“Gómez encontró una vía para cobrar sobresueldos”
Así las cosas, la exigencia de responsabilidades ha quedado fuera del acuerdo de la comisión de investigación, que incluye más asuntos además de la petición de la dimisión de Gómez. Se instará al Órgano de Gestión Tributaria a que inicie los trámites para solicitar la devolución del dinero cobrado de manera “indebida” y se planteará una modificación de la base de ejecución del presupuesto en la que se regulan las indemnizaciones sustitutorias para que, a partir de ese momento, la única fórmula que tengan los concejales de resarcir los gastos derivados de un viaje sea mediante la presentación de las correspondientes facturas.
Comportamiento reprochable
PSOE e Imagina han insistido en que la comisión ha servido para demostrar que Fernando Gómez cobró de manera “indebida”, en al menos 16 ocasiones, indemnizaciones sustitutorias. Que ni tesorera e interventor, por un lado, ni los gerentes de Plan Estratégico y Proyecta Burgos, por otro, sabían que estaba reclamando dietas cuando tenía “todos” los gastos pagados. Que era una práctica “extendida en el tiempo, reiterativa y en beneficio personal”, puesto que se “aprovechó” de su condición de presidente del IMC, vicepresidente de Proyecta y concejal del PP para encontrar una “vía para cobrar un sobresueldo”.
De la Rosa ha insistido en que “no cabe duda de que el comportamiento de Gómez ha sido manifiestamente irregular y reprochable políticamente”, por lo que debe dimitir. Por su parte, Raúl Salinero ha asegurado que “por el bien de la política, de este Ayuntamiento y de la ciudad, no podemos permitir que siga ostentando una responsabilidad en este Ayuntamiento”. Una postura que comparte también Silvia Álvarez de Eulate, quien califica el comportamiento de Gómez de “falta de ética”, y sin entrar en si es legal o ilegal, ha criticado que se “aprovechase” de la falta de control de la administración paralela para cobrar dietas.
Buena fe
“La transparencia y no ocultación prueban la buena fe de Gómez en su actuación”
Consideraciones que no comparten desde el Partido Popular, cuyo dictamen sigue insistiendo en que la base de ejecución del presupuesto genera “inseguridad jurídica” y conduce a error, lo que justificaría las acciones de Gómez. El concejal solicitaba las dietas “convencido de que le correspondían” y de que “la práctica administrativa le amparaba”, que las dietas estaban controladas por los técnicos. Los “populares” alegan “buena fe” en el comportamiento de Gómez, así como “transparencia” en su actuación, y han insistido en que no se le puede exigir que justifique unos gastos que, en origen, no tenían que ser justificados.
Además, el PP ha asegurado que la comisión de investigación no ha “respetado los derechos y principios básicos en nuestro ordenamiento jurídico”, a saber, “la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima, la tutela efectiva, la presunción de inocencia y la igualdad y la no discriminación”. Estas circunstancias, unidas al hecho de que algunos grupos ya presentaron sus conclusiones antes incluso de que se celebrase la comisión, hacen que la misma “haya quedado desacreditada” desde el principio. El dictamen del PP ha contado con los votos en contra de todos los grupos.
El dictamen aprobado en la comisión de investigación deberá llevarse para su debate al Pleno Municipal de la próxima semana y, para que se haga efectivo, tendrá que aprobarse por mayoría. A diferencia de lo ocurrido en la comisión, en la que Silvia Álvarez de Eulate tenía derecho a voz pero no a voto (de ahí la importancia de Ciudadanos en la decisión final), en el pleno la concejal no adscrita podrá manifestar con voto su apoyo al dictamen del PSOE e Imagina, por lo que no debería haber ningún problema para que el Pleno aprobase la dimisión de Gómez y el inicio de los expedientes de reintegro.
